Los espías de Boric

A las 21:51 horas del lunes 25 de noviembre, el equipo de Comunicaciones de la Presidencia difundió una declaración que volvió a generar alertas en el ya convulsionado mundo judicial y político. Jonatan Valenzuela, abogado del presidente Gabriel Boric, revelaba la existencia de una denuncia en contra del Jefe de Estado.

El profesional detalló que el 6 septiembre, una mujer que hace más de una década fue compañera de práctica de Boric en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas, acusaba al presidente por difusión indebida de imágenes íntimas y acoso sexual.

La denuncia impactó en un primer momento porque se involucraba al Presidente, pero por su inconsistencia el problema se desvió hacia cómo se había conocido la existencia de esta causa -reservada- sólo tres días después de su ingreso.

El problema surgió cuando uno de los periodistas apostados en el Salón Azul del Palacio de La Moneda le preguntó cómo se enteraron de la existencia de esa denuncia. Sin titubear, aunque notoriamente incómoda, en una de sus vocerías, la ministra Vallejo explicó que un equipo de Presidencia, mediante pesquisas y revisión de fuentes abiertas, había dado con la denuncia.

Es más, acto seguido dio a este procedimiento un carácter de normal y aseguró que “esto se hace en todos los gobiernos. Se hacen pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia”.

La respuesta de la Fiscalía de Magallanes demostraba otra cosa y abrió una investigación penal por el “eventual acceso ilegal indebido a una causa reservada” .

Por esos días, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, mantenía bajo total reserva los antecedentes vinculados a la denuncia, así como también las diligencias que se estaban haciendo. Así, de golpe y por la prensa, en el Ministerio Público se enteraban que la causa ya no era un secreto, lo que activó varias interrogantes respecto de la oportunidad de la comunicación y como se había obtenido.

El Ejecutivo ha dicho que fue el abogado Miguel Schumann quien envió un correo a la Fiscalía de Punta Arenas pidiendo acreditarse en una causa que tenía tramitación secreta. Raúl Arancibia, ex fiscal regional de Antofagasta, dijo que “no existe tal posibilidad como plantea el abogado. Sin acreditarse en la causa particular y sin RUC (Rol Único del Caso) es imposible”.

Agegó que “un abogado que no está acreditado en una determinada investigación des formalizada- como era este el caso- es al igual que cualquier persona, de acuerdo con la ley, no tiene ninguna posibilidad de acceder a dichos antecedentes”.

El ex fiscal y abogado penalista, Pedro Orthusteguy, se refirió al acceso de La Moneda de la denuncia contra Boric: “Una causa reservada no se puede ver jamás. Lo que investiga la Fiscalía, que es la que tiene la información de la filtración, es obviamente que alguien desde el interior del Ministerio Público le entregó esta información a Presidencia”.

Orthusteguy fue enfático, además, al afirmar la autonomía del Ministerio Público respecto al Ejecutivo: “El Ministerio Público es un organismo autónomo (…) no tiene ninguna relación ni dependencia con el Poder Ejecutivo”. Y aseguró que “mientras el fiscal no lleve la causa a un tribunal, en teoría nadie debería saber del detalle ni la existencia” de ella.

Los ánimos en Catedral 1437, donde queda la Fiscalía Nacional, no eran los mejores respecto de la performance del Gobierno -develando una causa secreta-, y en especial de la vocera, quien ese día criticó abiertamente al Ministerio Público, señalando que ellos decidieron informar de esta causa penal, debido a la “demora y falta de contacto y comunicación” de Crisosto con el abogado del Presidente.

Esto último, al interior de la institución, se interpretó como una presión indebida por parte de un poder del Estado a una institución que es autónoma.