Dos caras, una moneda

Ya iniciado el año electoral, los distintos candidatos presidenciales comenzaron a enunciar cuáles serán sus prioridades programáticas. La principal es —que duda cabe— el combate al crimen y la inmigración ilegal. Sin embargo, no podemos desconocer que la alta cobertura y concentración sobre esa agenda ha terminado por relegar a un segundo plano otras discusiones que, se quiera o no, son habilitantes para la consecución de un país más seguro. Se trata, por cierto, de la condición de volver a crecer económicamente de forma sostenible.

La lucha contra el crimen organizado no será algo de corto ni mediano plazo —creer lo contrario sería ingenuo—. Se trata de una agenda que nos acompañará por un tiempo y que demandará cursos de acción de largo aliento. Sin embargo, para fortalecer a las policías, ampliar la infraestructura penitenciaria, reforzar el control en las fronteras y adoptar estrategias preventivas —como una mayor integración social en nuestras ciudades o el desplazamiento efectivo del narcotráfico en los barrios— se requieren abundantes recursos. De igual forma, para hacer de nuestro sistema educativo uno capaz de disputarle al narcotráfico la trayectoria de vida de las futuras generaciones, así como tener una política social que acompañe a las familias a lo largo de todo su ciclo vital, se requieren recursos, ¿cómo obtenerlos entonces para que sean permanentes en el tiempo?

Bien sabemos que todo gasto permanente requiere de ingresos permanentes. Sin embargo, sabemos también que desde hace un rato, en Chile, nuestras finanzas públicas, no gozan de buena salud y que el espacio para subir impuestos se ha agotado. Seguimos apostando por presionar el sistema, gravando donde ya no queda espacio para gravar. Es tiempo de concientizar que seguir aumentando la carga tributaria a las personas y empresas terminará por afectar la productividad e inversión y, por consecuencia, la recaudación. Hay alternativas para mejorar la salud de nuestras finanzas públicas, una de ellas es volver a crecer de manera sostenible en el tiempo. El futuro será altamente promisorio, en la medida que seamos capaces de aprovechar las numerosas oportunidades que traerán las próximas décadas.

Para enunciar algunas oportunidades: como país, poseemos una abundante riqueza en minerales estratégicos y recursos naturales, lo que nos sitúa en una posición clave dentro de la transición energética, la que ofrecerá, a su vez, mejores términos de intercambio en cobre y litio. Nuestro territorio, con su diversidad climática, cuenta con favorables condiciones para producir alimentos sostenibles para el mundo. Además, nuestra base científica y tecnológica sigue en expansión, impulsando la innovación en sectores estratégicos y multiplicando su valor. Todas estas ventajas comparativas no solo nos diferencian de otros países de la región sino que nos ofrecen la oportunidad de liderar procesos que le pueden cambiar la cara al país. Sin embargo, todas estas oportunidades harán agua de no trazar un rumbo país que, anclado en medidas concretas y metas claras, se traduzca en mayor crecimiento.

Ahora bien, es cierto que el crecimiento económico no es la solución a todos nuestros problemas relativos al bienestar y seguridad de los ciudadanos. También es cierto que una estrategia integral de combate al crimen organizado puede concebirse con una mejor gestión de los recursos disponibles. Sin embargo, los efectos positivos de crecer no dicen exclusivamente relación con una mayor disponibilidad de recursos para financiar agendas como el combate contra el crimen o la inmigración ilegal. Un mayor crecimiento trae aparejado más y mejores empleos, más inversión pública y privada en nuestras ciudades, barrios más seguros e integrados, infraestructura habilitante para el desarrollo de nuestras industrias y un mercado laboral formal robusto y atractivo. Se trata de un círculo virtuoso que desata cambios estructurales y que dificulta la propagación del crimen y sus organizaciones. En definitiva, para hacer de Chile un país más seguro se requiere una estrategia de desarrollo que al mismo tiempo impulse el crecimiento económico, y mejore el bienestar de las familias chilenas en el más amplio sentido de la palabra.