Los 7 desaparecidos que complican al Gobierno

Que no volviera a
ocurrir. Esa fue la orden que hace sólo unos días trasladó La
Moneda a la PDI y Carabineros para cerciorarse que las cifras e
identidades que se ofrecieron el pasado 25 de enero sobre
desaparecidos fueran incuestionables. Aún estaba fresco el
recuerdo del penoso baile de listados de victimas del terremoto y
maremoto del 27 de febrero que habían ofrecido las autoridades de la
época. Sin embargo ayer, tras conocer el informe de la
investigación que sobre el tema lleva adelante la Fiscalía Regional
Occidente, en Palacio se temieron lo peor. A pesar del mandato, los
errores habían vuelto a aparecer en los conteos.

Y es que la lista que
llevaba el sello de la Subsecretaría del Interior publicada hacía
menos de una semana no sólo contenía fallos, sino que, a la luz de los
antecedentes recién conocidos, estos eran numerosos y notorios. De
los 25 nombres que aparecían en el detallado “Listado de
Desaparecidos por el Tsunami del 27 de febrero de 2010”, elaborado
por la fiscal Solange Huerta, nada menos que siete eran
“desconocidos” por los registros del Gobierno. Entre ellos,
figuraban inexplicablemente casos tan recordados como el del pequeño
Joaquín Ortiz, de ocho años, conocido como “Puntito”, quien
desapareció con la ola que azotó Juan Fernández, o la del hijo
menor del abogado, Guillermo Carey, León, de sólo un año de quien se perdió
la pista en el sector de Tanumé, en Pichilemu, aquella madrugada de
febrero.

¿Qué había ocurrido?
Era la pregunta que ayer se hacían en la repartición de Rodrigo Ubilla -de viaje por Centroamérica-, mientras se recalcaba que la elaboración de la lista
dependía exclusivamente de la información que entregaban las
policías. Dos eran las opciones: o se trataba de personas cuyas
familias no habían hecho las denuncias por presunta desgracia o bien
los órganos encargados de recopilar esos antecedentes habían cometido
una negligencia. La primera posibilidad pronto comenzó a perder fuerza por la cantidad de casos involucrados y por
lo improbable de la situación dado el tiempo transcurrido. Todo
apuntaba, entonces, a un nuevo descuido. En el Gobierno y tras la
sorpresa, rápidamente se iniciaron los contactos de urgencia tanto
con la PDI como con Carabineros exigiendo las explicaciones
correspondientes.

A menos de una semana de
entregada la cifra “oficial” de víctimas y a 27 días de
cumplirse un año del terremoto, para el Ejecutivo era de especial
preocupación que este tema no se transformara en un nuevo flanco de
críticas. Pero el peor de los escenarios estaba ocurriendo y había
que identificar con celeridad las responsabilidades involucradas. A raíz de un reportaje de TVN sobre el tema, el
pasado domingo -cuando aún no se conocía el informe de la
Fiscalía-, gran parte de las sospechas se dirigieron
temprano a Carabineros, pues la mayoría de los testimonios de los
casos que se mencionaban en la nota de la cadena pública hacían
referencias a denuncias interpuestas ante ese cuerpo.

En un principio, desde la
institución dirigida por el general Eduardo Gordon, se remitía a la
subsecretaría del Interior afirmando que la gestión de las cifras
dependía de esa repartición. No obstante, a medida que avanzaba el
día de ayer, fuentes de la policía uniformada admitieron a El
Dínamo que al menos tres casos de los nuevos que revelaba la
lista de la Fiscalía, sí figuraban en los registros originales de
Carabineros. ¿Entonces, por qué no aparecían entre los datos
entregados por la subsecretaría del Interior, la semana pasada?
Fuentes de Gobierno descartaron de plano que esa información hubiese
sido “extraviada” en sus archivos. En Carabineros, en tanto, a
pesar de los intentos de este medio, hasta altas horas de la noche,
por obtener una versión definitiva de lo ocurrido, no se obtuvo respuesta.

Si finalmente, los siete
casos terminan sumándose a la lista oficial, el número de personas
desaparecidas podría verse incrementado a 31. Sin embargo, aún es
posible que ese recuento sufra modificaciones antes del próximo 27
de febrero. Y no sólo por la suma de estos nuevos nombres sino
también, porque aún cabe la posibilidad de que entre los registrados
se encuentre algún fallecido o encontrado. Mal que mal hay
seis personas que figuran en la lista del Gobierno como víctimas de
presunta desgracia durante el terremoto y maremoto, pero que no aparecen en el acucioso listado de la
fiscal Huerta.