Huelguistas de hambre: el medio centenar de casos que el gobierno mantiene en reserva

El viernes 15 de julio Pablo Navarrete fue trasladado al Hospital Marcos Macuada de Tocopilla con la boca cosida y severos signos de deshidratación. Junto a él iban Jaime Orrego y Sebastián Sánchez, todos condenados por robo con intimidación y secuestro y en huelga de hambre desde hace más de 40 días.

“Protestan porque las penas de trece y ocho años que les dieron son demasiadas altas y llegarán hasta las últimas consecuencias”, dice con angustia al teléfono María Orrego, pareja de Pablo Navarrete, hermana de Jaime Orrego y prima de Sebastián Sánchez.

Ellos son tres de los 53 internos que permanecen en huelga de hambre en las unidades penales del país, según consta en un documento firmado por el director nacional de Gendarmería de Chile, Luis Masferrer al que accedió El Dínamo.

Según el listado oficial dado a conocer por Gendarmería, el mayor número de reos en huelga de hambre está en el penal Santiago 1 con 15 casos; luego sigue el centro de cumplimientos penitenciario de Antofagasta con 8; Alto Hospicio con 5; Puerto Montt y Arica con 3 casos; Serena, San Antonio, Valparaíso, Puente Alto y Temuco con 2 reos declarados en ayuno. Y Osorno, Valdivia, Santiago Sur, Valdivia , Colina II, Copiapó, Rancagua, Talca, Chillán y San Carlos con 1 caso.

Tanto los funcionarios de la institución como especialistas coinciden en que nunca el sistema carcelario había tenido un número tan alto de reos declarados en huelga de hambre. Y reconocen que los niveles de hacinamiento de los 51 mil 642 personas personas que están bajo el régimen de sistema cerrado es caldo de cultivo para el crecimiento de esa cifra.

El tema inquieta al Ejecutivo, pues amenaza con reeditar las críticas al gobierno que desató la huelga de los mapuches y posteriormente el incendio en la cárcel de San Miguel que mató a 81 reos y puso en el foco de la crítica la gestión del director de Gendarmería, Luis Masferrer, que por meses enfrentó los cuestionamientos de la oposición hasta que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados lo libró de responsabilidades políticas.

El problema tras el reciente cambio de gabinete lo heredó el nuevo ministro de Justicia, Teodoro Ribera,  que hace solo cinco días entregó su público respaldo a Masferrer al visitar los trabajos de reacondicionamiento del penal San Miguel, el mismo que mostró fallas evidentes en el red seca y húmeda en la fatídica madrugada del 8 de diciembre.

Frente a los 53 huelguistas de hambre, el gobierno ha optado por mantener la reserva. “Por seguridad la información se mantiene en reserva. No se quiere alarmar a los parientes e instar a otros a que atenten contra su vida”, comenta el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile (Anfup), Pedro Hernández, quien añade que la idea es evitar que se masifique el tema y que las cárceles se llenen de médicos.

De ese hermetismo da cuenta la respuesta entregada por la Dirección nacional de Gendarmería, que al ser consultada por el número de huelguistas en los penales del país, se limitó a contestar que “de acuerdo al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, el ayuno  es considerada una falta grave al régimen interno que rige a las unidades penales. Por tanto, quienes incurren en esa medida de presión para determinados fines, pueden ver afectada la evaluación conductual que se hace de ellos y que es considerada, entre otros aspectos, para la postulación y acceso a beneficios intrapenitenciarios”.

La institución luego detalla el protocolo que corresponde para el manejo de los casos. “Cuando un interno toma la decisión de iniciar una huelga de hambre, debe informarlo por escrito al jefe de régimen interno del penal donde se encuentra recluido, para que éste informe a la jefatura del establecimiento y a su vez, éste instruya los procedimientos de rigor para este tipo de casos, principalmente en lo que respecta a los controles de salud que corresponden a alguien en esa situación”, sostiene.

Sobrepoblación penal

Tanto Hernández como el líder de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Juan Alarcón, coinciden en que históricamente los reos han aplicado medidas de presión cuando están disconformes con sus condenas, sin embargo, tras el incendio en el penal de San Miguel el problema se acrecentó y se instaló con fuerza entre sus demandas una solución al hacinamiento.

“Muchos de los problemas que hay en las cárceles son porque están todos amontonados”, afirma la presidenta de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos (Confapreco), Silvia Vidal, quien añade que el tema fue planteado hace tiempo al Ministerio de Justicia y a Gendarmería.

Según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, la situación que se está viviendo en los penales chilenos no suele verse y tampoco se da a conocer. “Imagino que la información respecto de estas personas en huelga de hambre está fuertemente vinculada a las condiciones carcelarias, que ha sido uno de los elementos o componentes más ligados al tema de derechos humanos que ha tenido el actual Gobierno”, asegura.

Fríes recalca que “el hacinamiento es constitutivo de tortura, porque genera una serie de efectos en el ejercicio de los derechos que no están restringidos para las personas privadas de libertad”. Y agrega que este sí “es un problema heredado de los gobiernos anteriores y quizás de muchos antes también”.

Sin perjuicio de lo anterior, la titular del Instituto de Derechos Humanos insiste en que toda huelga de hambre es un hecho grave, porque las personas que están dispuestas a asumirla están diciendo que no son escuchadas de otra manera “y en ese sentido me parece grave para la sociedad en su conjunto que la huelga de hambre se haya convertido en el mecanismo para ser escuchado frente a las autoridades”.

El director del Centro Derechos Humanos de la UDP, Jorge Contesse, comparte la apreciación al señalar que “la huelga de hambre es siempre una medida extrema de quienes intentan llamar la atención sobre condiciones en las que se encuentran”.

Un flanco abierto

Pese a que la sobrepoblación penal ha sido una preocupación para este Gobierno y los anteriores, ninguno ha podido encontrar una solución. De hecho, durante la administración Bachelet se creó un Consejo para la Reforma Penitenciaria que estableció una serie de debilidades en el sistema penitenciario, entre ellos, el hacinamiento.

Según consta en el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2010, del Centro Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), entre 1998 y 2009 se pasó de 60.990 internos a 106.877, lo que representa un crecimiento del 75%. “Los establecimientos con mayor densidad son los complejos penitenciarios (196%), mientras que los centros de educación y trabajo subutilizan su capacidad (59%)”, señala el estudio.

El texto también se cuestiona la política penitenciaria del actual Gobierno. “Es necesario racionalizar la aplicación de la privación de libertad, ya que como se ha demostrado, no hacerlo acarrea conflictos como el hacinamiento”, sostiene el organismo de la UDP.