Un pedido de captura internacional, realizado por el juez Walter Bento, fue puesto en contra del juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983).
“Romano está suspendido como juez y sin goce de salario, pero Bento entiende que, hasta que no sea destituido, tiene fueros”, dijo el abogado Pablo Salinas, uno de los querellantes en la causa que investiga a Romano por su presunta participación en 103 delitos cometidos durante la última dictadura militar.
El jurista anticipó que tanto él como el fiscal general de Mendoza, Omar Palermo, apelarán la decisión pues, a su juicio, Romano perdió sus fueros al momento de “fugarse” a Chile.
Salinas añadió que un tribunal de alzada deberá expedirse sobre esta apelación en un plazo de una semana. “Si nos da la razón, la orden de captura será enviada a Chile”, señaló.
Romano, juez de la provincia de Mendoza, fue suspendido el 25 de agosto, pero un día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
