Chile reprueba examen sobre el estado de los derechos humanos
De acuerdo al análisis el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de DD.HH.
Un balance negativo arrojó el informe denominado “El Estado de los Derechos Humanos en Chile 2011”, elaborado por organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.
Según el documento, en un año marcado por los reclamos ciudadanos y movilizaciones sociales a los largo del país, existen algunos aspectos críticos, como la criminalización de la protesta social, déficit en materia de participación política y electoral, y en la protección de recursos tan esenciales, como el agua, que impiden identificar “avances significativos en su vigencia efectiva en el país”.
De acuerdo al análisis elaborado por las distintas organizaciones “el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de Derechos Humanos, en particular aquellas formuladas en el 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal”.
En materia de derechos políticos y ciudadanos, el informe da cuenta que no ha concluido en el Congreso la tramitación de importantes iniciativas, tales como “el proyecto de ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, y el proyecto de elección directa de los Consejeros Regionales”.
Mientras que en el ámbito de los derechos de los indígenas, sostiene que “se mantuvo la exclusión política de los pueblos indígenas, los que siguen sin contar con una representación en el Parlamento y continúa la política de criminalización de la protesta social mapuche”, agrega el informe.
En cuanto a los derechos de la población migrante, asegura que sigue pendiente “el desafío de la integración de este número creciente de población, rigiendo todavía la actual ley migratoria de 1975, incoherente con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes”, asegura el informe.
En cuanto a la política ambiental, indica que ésta continúa marcada por la fuerte influencia empresarial y denuncia la falta de “consulta ciudadana por parte del Gobierno en el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que el Ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011″.
