Directora del INDH se reúne con familiares de víctimas del “Caso Degollados”

Con el objetivo de denunciar la vulneración de sus derechos que implica el fallo de la Corte Suprema ante el recurso de protección impulsado a raíz del otorgamiento de beneficios carcelarios al Coronel (r) Guillermo González Betancourt y el sargento (r) José Fuentes Castro, ambos condenados por los homicidios de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, recibió a los familiares de las víctimas –Javiera Parada y Manuel Guerrero– quienes le entregaron antecedentes de la situación.

Los familiares de las víctimas denuncian irregularidades en la entrega del beneficio de salida dominical otorgado a Betancourt y a Castro en septiembre de 2012, y enfatizan que todos los antecedentes de dichas faltas fueron puestos a disposición de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, por lo que les parece grave que el fallo valide dichos beneficios concedidos, pasando a llevar el ordenamiento jurídico, pues los condenados no cumplirían con todos los requisitos necesarios para optar a ellos.

Dado lo anterior, desde abril se tramita un sumario administrativo en la Contraloría General de la República para investigar la omisión de información por parte de Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia en cuanto al comportamiento de los condenados durante su reclusión, pues según los denunciantes no cumplen con la buena conducta necesaria. El 22 de junio además, se presentó un Recurso de Rectificación, Aclaración o Enmienda ante la Corte Suprema, pues su sentencia judicial no se refiere al tema de la mala conducta penitenciaria de los condenados. Esperan que se rectifique el fallo.

Fries sostuvo que “como INDH hemos planteado la necesidad de contar con una ley de ejecución penal, que permita disminuir la discrecionalidad con la que se otorgan beneficios carcelarios, que si bien tienen un conjunto de requisitos, en este caso no se cumplen”.

“En el caso de las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, deben presentar ciertos requisitos, entre ellos haber cumplido parte de la pena, haber mostrado buena conducta y un grado de arrepentimiento por los crímenes cometidos, cuestión que en este caso no se ha dado, según lo denunciado por el abogado Leal. No se busca que se nieguen los beneficios carcelarios, pero sí que se otorguen con criterios racionales y de objetividad que hoy día no existen”, agregó la Directora del INDH.

Por su parte, el abogado del caso, Fernando Leal, señaló que “ambos condenados habían sido sancionados por distintas faltas. González Betancourt tiene sanciones por hacer huelga de hambre para obtener beneficios penitenciarios. Fuentes Castro tiene sanciones por amenazas de muerte, lesiones y quebrantamiento de orden interno en recinto penal. Gendarmería hizo dos denuncias en su contra ante el Ministerio Público. No se cumplían los requisitos, pero le dan el beneficio. El Director Nacional de Gendarmería, el Alcaide de Punta Peuco, y el Ministerio de Justicia, señalaron que se cumplían los requisitos, faltaron a la verdad ante un tribunal de justicia”, indicó.

Manuel Guerrero dijo además que “Nos resulta agravante que criminales condenados por crímenes del lesa humanidad gocen de beneficios como cárceles especiales, a diferencia de quienes por delitos comunes están hacinados en las cárceles. Los criminales por delitos de lesa humanidad deben compartir la misma condición de los demás, hay una situación de desigualdad y el Estado debe tomar parte en esto”.

Finalmente, Javiera Parada señaló que “este es un caso emblemático para revisar el reglamento de permisos penitenciarios a condenados por causas de violación de derechos humanos. Vamos a trabajar con el INDH, para presentar este caso de la mejor manera ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es el momento de que Chile reflexione sobre los beneficios que estas personas deben tener”, concluyó.