Roberto D’ Orival, coordinador del Colectivo 119: “Edwards y su empresa son responsables de la violación a los DD.HH de este país”
La Operación Colombo, la acción en conjunto de la DINA y algunos medios de comunicación, destinada a encubrir la desaparición de 119 chilenos, cumplió 38 años y se constituye como uno de los crímenes más horrendos de la Dictadura. En medio de las reacciones por la declaración de Agustín Edwards ante el juez Mario Carroza, el coordinador del Colectivo Familiares de los 119, cuenta cómo ha sido el largo camino a la justicia.
“Nosotros queríamos poner una querella, pero por la totalidad de los casos, ahora variamos nuestra estrategia y el viernes (hoy) presentaremos un requerimiento al gobierno para que se transparenten las relaciones económicas entre el Estado chileno y la empresa El Mercurio, tenemos la suposición que hay relaciones privilegiadas”, comenta Roberto D’ Orival, coordinador del Colectivo 119, familiares y compañeros, que agrupa a los deudos de los caídos en la Operación Colombo . Explica que llegarán hasta La Moneda a las 11 de la mañana para entregar una carta, acción patrocinada por el abogado Rodrigo Román. Su lucha continúa, un peregrinaje que parece eterno.
Para él, la querella que fue interpuesta por Juan Carlos Chávez Pilquil, en el marco de la Operación Colombo, lo tomó por sorpresa. La sensación se repitió cuando ayer se enteró, a través de los medios on line y pasado las cinco de la tarde, que el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, había declarado ante el juez Mario Carroza por más de una hora, en calidad de testigo por la causa que lleva adelante sobre los instigadores del golpe de Estado de 1973 y por la misma Operación Colombo.
Roberto es hermano de Jorge D’ Orival, víctima de una historia cruda y similar a las de las otras 118 víctimas de la Operación Colombo, personas jóvenes, la mayoría no superaba los treinta años. Jorge (26) fue detenido en la casa de su pareja en la comuna de Conchalí el 31 de octubre de 1974. Tenía un hijo de dos meses y había egresado de la carrera de medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Pasó por los centros de tortura de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos y reconoció a Osvaldo “guatón” Romo como autor directo de su detención.
No se supo nada de su paradero hasta que su nombre fue publicado en el montaje mediático con la nómina de 119 chilenos miembros del MIR dados por muertos en Argentina y Brasil. Una operación que tenía como objetivo hacer creer a la opinión pública que las personas asesinadas habían fallecido como el resultado de enfrentamientos internos.
Roberto ha dado una pelea incansable, junto a otros familiares. Todo por la memoria de su hermano y las otras víctimas en las que ve el rostro de Jorge.
“Es impresionante lo gravitante que es en la política chilena la figura de Agustín Edwards (…) El Colegio Periodistas pidió perdón por este y otros hechos y fue silenciado por la prensa nacional, no salió en ningún diario, ni una nota. Este hecho fue invisibilizado y eso habla del poder que tiene Agustín Edwards”, sentencia antes de empezar la entrevista.
-¿Cuáles son las principales dificultades que han enfrentado para tener justicia?
-Un elemento principal en todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas desde el 73 hasta los últimos años de la Dictadura, es la Ley de Amnistía que ha permitido que muchos jueces invoquen esa institución jurídica para dejar en la impunidad a los responsables. Por otro lado, también, el carácter del Poder Judicial chileno, que no obstante hayan pedido perdón, la asociación de magistrados, la composición de la Corte Suprema de ese tiempo fue absolutamente parcial y favoreció la acción criminal de la DINA y de los otros cuerpos que ejercieron el terrorismo de Estado.
Un elemento central que impidió la satisfacción de la demanda de justicia es justamente el rol de los medios de comunicación y principalmente El Mercurio, por antecedentes que son conocidos en el mundo y fueron desclasificados: sus vínculos con Henry Kissinger, con el gobierno de Nixon y como él declaró abiertamente su intención de evitar que Allende asumiera su gobierno. El Mercurio fue uno de los principales opositores a la gestión de Allende, por eso lo identificamos personalmente a él y a su empresa como responsable de la violación a los derechos humanos de este país.
–Usted también ha emplazado a otros medios, refiriéndose a ellos como responsables de “silencios cómplices”…
-Sí, a todos los otros medios que de una u otra forma fueron cómplices y co partícipes del encubrimiento de las violaciones a los Derechos Humanos y no sólo relativos a la Operación Colombo. Hubo hasta especies de conferencias de prensa donde los detenidos de Villa Grimaldi fueron obligados a declarar que el MIR había sido derrotado, parte de esas personas están desaparecidas o asesinadas. Posteriormente está el caso de Televisión Nacional con su principal noticiero Sesenta Minutos y el montaje de Rinconada de Maipú. Este canal desinformó, falseo información y por otro lado fue la estación que apoyó las campañas de Augusto Pinochet para demostrar que este país estaba en calma en plena Dictadura.
Apuntamos a El Mercurio, pero entendemos que fue el cuarto poder en sí, los otros medios de comunicación asociados a los intereses económicos que instigaron el golpe son también responsables.
La deuda de los medios
Para Roberto, la investigación que realizó el Colegio de Periodistas durante el 2005 fue una labor acuciosa, un proceso donde se investigó a los empleados de Agustín Edwards y otros periodistas. En ese periodo fueron entrevistados en calidad de imputados Beatriz Undurraga, periodista de El Mercurio, Mercedes Garrido, periodista editora de La Segunda y Alberto Guerrero Espinosa, director de La Tercera, entre otros.
–¿Cuál es su opinión respecto que a 38 años de la Operación Colombo y del titular “Exterminados como ratones”, recién se interrogue a Agustín Edwards?
-Creo que era una medida insoslayable para la convivencia democrática y justamente para que primara el principio de la independencia de los poderes y reivindicar el poder judicial. Esperaba que esta comparecencia como testigo, en cuanto es poco porque tendría que declarar como coautor de este delito, debió haberse dado hace diez años, o más bien a los 30 años de la Operación Colombo. En ese tiempo, pusimos una demanda ante en Tribunal Ético del Colegio de Periodistas donde Alfredo Taborga, fue el fiscal que designó el Colegio y quien realizó la investigación.
-¿Qué expectativas tiene después de este primer interrogatorio?
-Es importante que el ministro Mario Carroza pueda adjuntar el juicio ético del Colegio de periodistas y lo pueda hacer vinculante a este caso, hay antecedentes muy interesantes que relacionan a personas que trabajaban bajo la empresa de Agustín Edwards, pagados por él y que ejercieron un rol activo en los montajes comunicacionales.
Espero que el juez le otorgue el valor a ese juicio y al testimonio de periodistas como John Dinges, que han elaborado investigaciones sobre los vínculos de Agustín Edwards y el Estado. Ahí está más que claro la relación económica, política, y el rol que jugó como instigador del golpe.
-¿Hay una deuda de los medios de comunicación con las víctimas de la Operación Colombo?
La deuda, entendiendo a parte de la prensa como uno de los actores fundamentales, es una cosa, pero la principal deuda es del Estado chileno que no puso las cosas en su justo lugar, este país dejó de ser un país regido por la iglesia, también debiera ser independiente de los poderes económicos y sin embargo Agustín Edwards sigue marcando pauta a todos los presidentes de Chile.
Después del año noventa y de forma sucesiva, todos los presidentes asistían a las actividades donde él era invitado en carácter de autoridad y estrechaban sus manos con él, eso es vergonzoso y afecta la vida democrática. Espero que quien sea elegido presidente en noviembre, haga un gesto claro de separar el Estado chileno de los poderes empresariales que han causado tanto daño a este país.