El movimiento social pone en la balanza el programa de Bachelet

La reciente presentación del programa presidencial de Michelle Bachelet hizo evidente algo que se comentaba en todos los pasillos donde se vive la política nacional: las demandas instaladas por el movimiento social desde el 2o11 se tomaron la agenda pública, al punto de pautear el debate de la carrera presidencial.

Una nueva constitución para el país, la educación entendida como un derecho social al alcance de todos y una reforma tributaria que se encargue de financiar las reformas, son propuestas emanadas de lienzos y pancartas que reinan en las masivas marchas callejeras. A ese tronco de medidas que rigen el programa de la Nueva Mayoría, se suman otros items que pelean por ser incluidos en las prioridades del probable nuevo gobierno de Bachelet:  matrimonio igualitario, reformas laborales y una asamblea constituyente que haga nacer una nueva Carta Magna.

Pero el ofertón electoral de la ex mandataria no alcanzó para todos. En El Dínamo consultamos a diversas organizaciones sociales su postura frente al documento presentado el domingo por la candidata, y si bien las respuestas recibidas dependieron en gran medida de la posición política que asumen los diversos movimientos,estas permiten dar un primer acercamiento a las expectativas que tienen los diversos grupos de cara a la próxima administración.

Excepto en el caso de la CUT, conducida por militantes comunistas y socialistas que forman parte del pacto que apoya a la candidata, el resto de organizaciones reafirmaron la desconfianza que hoy provocan los dirigentes políticos tradicionales en el mundo social. Los secundarios y las asambleas territoriales pusieron el acento en la falta de participación de la sociedad civil en la elaboración de las propuestas, mientras los universitarios apuntaron a una supuesta relación ambigua de Bachelet con la calle, ya que elaboraría sus promesas mirando de reojo a los empresarios.

Desconfianza de la calle

“El programa de la Nueva Mayoría tiene elementos que son derechamente contradictorios entre sí, donde el titular es alguna consigna del movimiento estudiantil, pero el contenido sigue entendiendo la educación como negocio. El titular busca quedar bien con los estudiantes y el contenido con los empresarios“, asegura de entrada el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum.

La reforma educacional es uno de los pilares programáticos de la candidatura de Bachelet. En el documento dado a conocer el domingo se habla de avanzar progresivamente a la gratuidad universal en 6 años, de terminar con el lucro en todo el sistema y de eliminar de a poco el copago en los colegios. Además se promete una nueva institucionalidad que administre las escuelas y liceos, dando curso a la desmunicipalización de la educación. Sumado a esto se habla de un fortalecimiento del Estado en el sistema educativo, con 2 nuevas universidades regionales y la presencia de un Centro de Formación Técnica público en cada una de las regiones del país.

A pesar de lo anterior, para el presidente de la FECH subsisten las desconfianzas: “El mejor ejemplo es que textualmente titula una sección “fin al lucro en todo el sistema educativo”, pero luego aclara que quien no reciba fondos públicos podrá seguir lucrando tranquilamente. Esto reafirma que si bien todo indica que habrán reformas a la educación, sólo si los estudiantes somos protagonistas estas reformas apuntarán hacia el mismo horizonte que nuestras demandas”.

Desde el mundo secundario comparten los resquemores. La vocera de la ACES, Isabel Salgado, plantea que lo fundamental para ellos es la participación de las comunidades en la toma de las decisiones: “Para el cambio en el sistema educacional, más allá de reformas, se necesita hacer un cambio radical. Cuando nosotros hablamos de control comunitario, decimos que tienen que ser las comunidades las protagonistas de los cambios. No queremos seguir con instituciones administrativas que suplan el rol de las comunidades educativas. Queremos consejos escolares resolutivos”, asegura la escolar.

La dirigenta de los secundarios agrega que ellos buscan una reforma más radical: “Si bien ella está dando un avance respecto de las demandas, no es lo que nosotros planteamos. Lo que se necesita es terminar con la educación de mercado. Al momento que se permite la existencia de colegios privados, ya se está lucrando con un derecho social básico. Además, El avance a la gratuidad en 6 años es raro, su gobierno duraría 4, entonces no estaría dejando la tarea terminada. Acá se empieza a hablar de becas y bonos y lo que el movimiento estudiantil está planteando es gratuidad total“.

Desde el movimiento Todos Somos Asamblea, que agrupa a diversos grupos organizados que han sido protagonistas de movilizaciones como las registradas hace algunos meses en Freirina, aseguran que su problema pasa con quienes sustentan la candidatura de la ex presidenta. La vocera del grupo, Andrea Cisternas, argumenta: “A esta altura es muy difícil creer en las cúpulas político partidistas, y más aún, cuando están en época de elecciones. Siempre buscan aprovecharse de las comunidades, hacen promesas y no las cumplen. Un ejemplo de eso es el desastre socio ambiental que se vive en distintos puntos de Chile”.

Cisternas no se refiere a los planteamientos específicos de la candidata en materia de descentralización y política energética, porque dice que discutirán formalmente el programa en un encuentro que sostendrán este fin de semana en San Antonio. Pero lo que si establece es que: “Todo lo que implica decisiones territoriales tienen que pasar por la ciudadanía. Las protestas van a seguir, porque surgen de las coyunturas de cada territorio”.

En relación a los conflictos socio ambientales que han protagonizado distintas asambleas territoriales, con especial fuerza en Aysén, Freirina y Magallanes, el programa de la candidata tiene propuestas focalizadas por temática. Sobre descentralización aparecen las ya conocidas comisiones, apostando a que durante los primeros 100 días de su mandato convocará a un grupo que proponga políticas puntuales que doten de poder a las regiones, además de aumentar los recursos para programas de inversión e innovación. Sumado a lo anterior, Bachelet promete que, también  durante los primeros 100 días se presentará un Plan Especial de Desarrollo de las Zonas Extremas, destinado a Magallanes, Aysén y Arica.

Respecto de los conflictos que han enfrentado los últimos gobiernos con comunidades que se oponen a proyectos energéticos como termo e hidroeléctricas, Bachelet señala en su programa que se construirá un Plan de Ordenamiento Territorial con participación ciudadana, que tratará de conjugar los intereses económicos, comunitarios y medio ambientales. Todo, enmarcado en el Plan Nacional de Energía que presentaría durante los primero 100 días de su mandato.

Limbo laboral

En la Central Unitaria de Trabajadores salieron a celebrar el guiño que les hizo la candidata al incluir en su programa la titularidad sindical, el fin del multi rut de las empresas y el término de los reemplazos durante las huelgas. Según se consigna en el documento electoral, con estas medidas se busca fortalecer a los sindicatos. Para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, lo último es un logro del movimiento: “Mientras en marzo el tema no tenía un espacio natural en el debate público, hoy se transformó en un tema ineludible y por lo tanto, reconocemos como un triunfo del movimiento sindical, el  lograr que hoy se hable del tema laboral con toda la profundidad que este implica y no solo en materia del reconocimiento de la dignidad del trabajo, sino que con medidas concretas que buscan el fortalecimiento de la organización sindical”, asegura la presidenta de los trabajadores.

“Junto con ello resaltamos el debate que ha sido transversal en torno a la negociación colectiva y el fortalecimiento de esta, sabemos que no basta con tener sindicatos organizados, se necesita también contar con instrumentos que permitan hacer ejercicio real de la acción sindical y, por lo tanto, el énfasis en materia del fortalecimiento de la negociación colectiva también resulta fundamental”. En síntesis, desde la CUT quedaron satisfechos con las propuestas, las que se incluyeron en el programa a pesar de la reticencia de los sectores más liberales de la Nueva Mayoría.

Contrastando con el entusiasmo de la multisindical, los trabajadores agrupados en la Coordinadora No + AFP, que agrupa a cerca de 60 sindicatos y confederaciones de todo el país, mostraron su malestar por la exclusión del programa de un nuevo sistema de pensiones, algo que ha sido defendido incluso por la CUT y el Partido Comunista.

Al respecto, el programa presidencial propone la creación de una AFP estatal, algo que no solucionaría el problema de las bajas pensiones con que hoy se jubilan la mayoría de los trabajadores, según afirma el vocero del grupo, Bernardo Neira: “No estamos conformes en ningún caso. El planteamiento de la AFP estatal está absolutamente equivocado, no resuelve nada. Se va a regir por el mismo decreto que creó las AFP privadas, y aunque no cobre por mantención, es la misma lógica: la capitalización individual, es decir, tu pensión es lo que logres juntar en tu vida laboral”.

Para el vocero, que además es dirigente de la Asociación Regional de Trabajadores del SENAME en Concepción, la solución a este problema pasa por un sistema solidario: “Lo que nosotros planteamos es que sea un sistema de reparto, donde los trabajadores activos financiemos a los trabajadores pasivos. Es solidario, porque esa plata va aun fondo de pensiones común. Debe ser además tripartito, porque el aporte tiene que ser del empleador, el trabajador y del Estado, cuyo aporte no podrá ser menor a un sueldo mínimo. De esta forma la pensión deberá llegarles también a los discapacitados y a las dueñas de casa, una pensión equivalente a un sueldo mínimo”.

Según el dirigente el tema de las pensiones seguirá presente durante el próximo mandato presidencial: “Hace un año que venimos trabajando con sindicatos y confederaciones de todo el país. Nuestra idea es seguir insistiendo y generando educación con nuestras bases. Vamos a las ferias, a las juntas de vecinos para que la gente en general entienda y se pueda movilizar para exigir un nuevo sistema de pensiones”.

Deuda aun pendiente  con la diversidad sexual

Es uno de los llamados temas valóricos que sacan roncha en la Nueva Mayoría. Varios en la Democracia Cristiana han manifestado no estar a favor del matrimonio igualitario. Esto, a pesar del apoyo entusiasta de otros partidos del bloque y de las masivas marchas que cada tanto organizan los grupos de gays, lesbianas y transexuales.

El programa de la candidata propone discutir el tema del matrimonio igualitario, reformar la actual Ley Antidiscriminación y mandar al Congreso un proyecto de ley de identidad de género, que permita a las personas transexuales cambiar su identidad ante la Justicia.

Para el vocero del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUMS, Gonzalo Cid, el programa cumple a medias con sus expectativas: “Lamentamos que en el programa la referencia que hay al tema de diversidad sexual sea simplemente llamar a una discusión sobre el matrimonio igualitario, porque esta se van a dar si o si, y lamentamos que no haya un compromiso real, como ella lo había manifestado en reuniones con nosotros. Las discusiones se dan durante la elaboración del programa, y luego se presenta una propuesta. Acá se hizo al revés“.

Cid matiza y reconoce que las otras propuestas si avanzan en relación a lo solicitado por su sector: “Valoramos que se incluya una ley de identidad de género y una reforma a la actual Ley Antidiscriminación”. Eso si, cobra otra ausencia: “Lo que también echamos de menos es la prevención del VIH Sida. En el país se han reducido los recursos destinados a eso, y en el programa no se menciona este temas”.