Cámara de Diputados pide a Presidenta Bachelet el cierre de Punta Peuco
Gabriel Boric señaló que la iniciativa, rechazada por RN y la UDI, destaca que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley y es absolutamente injustificable que existan centros de retención con privilegios especiales, en particular para violadores de los derechos humanos".
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo para pedirle a La Moneda el cierre del penal de Punta Peuco, en el cual permanecen recluidos los militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa, que fue aprobada por 53 votos a favor, dos abstenciones y la negativa de 20 parlamentarios de la UDI y RN, fue promovido por los diputados Marco Antonio Núñez (PPD), Manuel Monsalve (PS), Claudio Arriagada (DC), Felipe Letelier (PPD), José Pérez, Fernando Meza (PR) y los independientes Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Alejandra Sepúlveda e Iván Fuentes.
El documento solicita expresamente a la Presidenta Michelle Bachelet que se instruya al titular de Justicia, José Antonio Gómez, para que “proceda a realizar todas las gestiones pertinentes para cerrar el centro de detención preventiva y cumplimiento penitenciario especial”.
Con esto, buscan que “no permanezca ni un solo recinto ni institución que favorezca un trato inequitativo a las personas que se encuentran en situación de cumplimiento de condena, tal como acontece con la cárcel de Punta Peuco”.
Los parlamentarios recalcaron que los militares en retiro, “en comparación con el resto de los internos de los demás recintos penitenciarios del país, aún perciben sus remuneraciones como ex funcionarios y cuentan, además, con una docena de cabañas, en las cuales hay dos habitaciones, baño, living, calefacción, acceso a internet y teléfono, además de áreas verdes, piscina y cancha de tenis”.
Es por ello que además del cierre del penal, se despoje “a estos reos de su rango y sueldo, retirando además sus fotografías e imágenes de los cuarteles militares”.
Gabriel Boric señaló a La Tercera que la iniciativa destaca que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley y es absolutamente injustificable que existan centros de retención con privilegios especiales, en particular para violadores de los derechos humanos”.
