Veinte miembros de las Juntas Militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay serán juzgados por la desaparición de 23 ciudadanos italianos en el marco de la Operación Cóndor entre las décadas de 1970 y 1980, anunció hoy la Justicia italiana.
Entre esos 20 figuran el ex Presidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y el ex jefe represor de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, como anunció esta mañana el juez Alessandro Arturi, que instruyó la fase preliminar durante el último año, y como así figura en la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, que fija el inicio del juicio para el 15 de febrero de 2015.
Estas 20 personas serán juzgadas por la desaparición y el asesinato de 23 ciudadanos italianos en el contexto de dicha operación, ideada por el chileno Augusto Pinochet y que coordinó la represión de la oposición política entre los regímenes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Los imputados en este caso ascendían a 33 personas, si bien una decena de ellos -de nacionalidad uruguaya- aún no han sido enviados a juicio ya que Arturi aún debe verificar que pueden ser juzgados en Italia por los mismos cargos por los que ya han sido juzgados en su país y para lo que ha solicitado esa información al Ministerio de Justicia italiano.
Así lo explicó en rueda de prensa Antonello Amodeo, abogado y representante del Frente Amplio uruguayo, quien especificó que el plazo para pedir esta documentación finaliza el 19 de diciembre.
En el acto estaba presente también Fabio Porta, un diputado del Partido Demócrata italiano (PD), la formación que lidera la coalición gubernamental italiana y que se ha personado en este proceso como parte civil.
Porta refirió que el ministro Andrea Orlando es “sensible” a este caso y que el Gobierno de Matteo Renzi es consciente de “la importancia del mismo” por lo que los trámites, según dijo, serán agilizados.
Pese a que inicialmente se anunció que serían 21 los enjuiciados, en la sentencia solo figuraban 20 nombres y entre ellos no aparece el del ex Presidente boliviano Luis García Meza Tejada, presente en cambio en otras actas de esta causa.
Por el momento, los imputados son el general boliviano Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980; y los chilenos Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet); Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.
Además, los también chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier); el ex policía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el sub oficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex comandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el ex Presidente Francisco Morales Bermúdez; el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Los uruguayos son Juan Carlos Blanco; el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez; el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo, este último fugado a Brasil, donde se ha casado con una brasileña.
El juez retiró de la lista de imputados por fallecimiento a los uruguayos Juan María Bordaberry (2011) y Carlos Calcagno Gorlero (2013) y al chileno Odlanier Rafael Mena Salinas (2013).
En la rueda de prensa posterior a la audiencia estuvieron presentes también algunos representantes o familiares de los desaparecidos.
Es el caso de Leonor Nacimiento quien, en representación de Maria Paz Venturelli, hija de uno de los desaparecidos (Omar Venturelli), dijo que esta se encuentra “muy contenta” con la noticia del envío a juicio.
También participó la chilena Margarita Maino Canales, hermana de Juan Maino, estudiante de ingeniería mecánica, militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu) y desaparecido desde el 26 de mayo de 1976, quien dijo sentirse “maravillosamente alegre” por la decisión.
Asimismo dijo percibir “aire de libertad” en el país transalpino y se mostró crítica con Chile, del que espera que “escuche” el ejemplo italiano y emprenda un proceso que arroje luz sobre lo ocurrido durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1990).
De entre los nombres de los uruguayos sobre los que restaría el trámite ministerial destaca el del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente “de facto” de 1981 a 1985.
Además, figuran José Ricardo Arab, Jose “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Felipe Sande, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Valentín Vázquez Bisio.
