El Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella interpuesta por Hugo Silva, dueño de la empresa Silca, en contra de los representantes de Caval Ltda., Natalia Compagnon y Mauricio Valero, por los delitos de estafa e inducción a la firma de un contrato.
Con esto se busca dejar sin efecto la compra de los tres terrenos en la comuna de Machalí por $9.500 millones, en los que Silva argumenta que compró para proyectos inmobiliarios, debido al cambio del plan regulador que iba a efectuar la municipalidad de Machalí -de rural a urbano-, pero que a raíz de la polémica adquisición de los terrenos previamente adquiridos por Caval, el proyecto se encontraría paralizado.
Con la decisión del tribunal, la Fiscalía puede comenzar a pedir diligencias, tomar declaraciones e indagar la posible participación de funcionarios públicos en la compra. Todo bajo el secreto de las carpetas investigativas que decretó el fiscal jefe de la VI Región, Luis Toledo.
RN dirige querella específicamente contra Sebastián Dávalos
El miércoles, los diputados de RN, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, presentaron una querella por violación de secreto y negociación incompatible en el marco del caso Caval y que se extendía contra todos los funcionarios públicos que resulten responsables de estos delitos.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía ordenó al abogado Eduardo Riquelme, quien patrocina a los parlamentarios, dirigir la acción legal en contra de personas concretas, modificando la figura del “contra quienes resulten responsables”, ante de resolver su tramitación.
Según consignó The Clinic, a través de un escrito, Riquelme dirigió la querella específicamente contra Sebastián Dávalos y los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí Cinthia Ross y el ex director de obras Jorge Silva, así como también a Wilfredo Valdés Avila quien es Seremi de Vivienda de la zona.
