El rol del TC: el cuestionamiento a los "operadores políticos" que hoy son "guardianes" de la Constitución
El caso Penta y su arista SQM sumó un nuevo actor la semana pasada: el Tribunal Constitucional, el que ordenó a la Fiscalía suspender cualquier allanamiento o incautación a la empresa minera Soquimich. La inesperada decisión del TC generó suspicacias y, con ello, cuestionamientos a los miembros que la integran. Los dardos de prestigiosos constitucionalistas apuntaron a Cristián Letelier, Nelson Pozo y María Luisa Brahm no solo como los ministros con menos expertise, si no también como aquellos que, además de ser nombrados por criterios netamente políticos, están ahí para velar por los intereses de quienes los designaron.
Cuando el jurista español Manuel García Pelayo -presidente del Tribunal Constitucional de España en la década de los 80- hablaba sobre el principio de ingratitud, se refería a que los integrantes del TC debían independizarse de los órganos por los que fueron designados. Algo que en Chile saltó a la palestra el martes pasado, cuando la segunda sala del órgano acogió a trámite -por unanimidad- los requerimientos hechos por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, que pedían detener la investigación por parte de la Fiscalía. Adquiriendo, de esta forma, un protagonismo en el bullado caso Penta y en la arista SQM, una de las más crípticas y que involucraría a figuras de todo el espectro político. Y de paso, puso el foco en los integrantes del tribunal que vienen directamente del mundo político.
Abogados “destacados” versus “cuoteo político”
¿Cómo debe actuar el Tribunal Constitucional? Es la pregunta que muchos se hacen. Para el abogado de la Universidad Católica Arturo Fermandois resulta indispensable “que los ministros sean capaces de actuar con independencia de sus afinidades políticas y que fallen en derecho con el mérito de las normas de la Constitución. Si fracasamos en lo segundo, comprometemos la existencia misma del tribunal”. Así se evitaría la “politización del tribunal”, dice Enrique Navarro, constitucionalista de la Universidad de Chile y ex ministro del Tribunal Constitucional. Algo que para algunos genera suspicacias dado el estrecho vínculo político que compromete a ciertos integrantes. Un hecho de suma importancia tomando en cuenta que más allá de la querella presentada por Samuel Donoso, abogado del ex gerente de SQM Patricio Contesse, para frenar la investigación de Fiscalía en el caso SQM, es este organismo el que deberá fallar sobre la promulgación de legislaciones tan variadas como la reforma educacional y la del sistema binominal. Hecho que ha generado numerosas críticas de parlamentarios sobre su actuar.
Los diez “guardianes” de la Constitución son electos por los tres Poderes del Estado. Y la composición actual está dada por tres abogados designados por el Presidente, tres por la Corte Suprema y cuatro por el Congreso, todos -supuestamente- abogados “destacados” que han ejercido la profesión como mínimo 15 años, tal como rezan los requisitos de la Carta Fundamental. Pero precisamente dicha palabra es que la genera un problema a la hora de fijar criterios. “Qué se entiende con destacado no está precisado en la Constitución, tiene una connotación más bien subjetiva”, explica Navarro. Con todo, el cargo de ministro del TC está abierto para dos tipos de abogados: aquellos que han litigado, ganado causas y se han hecho expertos en una materia específica; y para quienes se han dedicado a la teoría, siendo profesores y autores de papers e investigaciones. Sin embargo, un par de los actuales ministros no cumplen ni lo uno ni lo otro.
Letelier y Pozo: “Operadores” en la mira
Los dardos de prestigiosos constitucionalistas apuntan a los dos miembros más recientes del Tribunal Constitucional: Cristián Letelier y Nelson Pozo. Nombres que “no dan el ancho”, dice un prestigioso abogado constitucionalista cercano a la derecha. “Todo el mundo sabe que estos dos últimos nombramientos fueron de intensidad política superior, para algunos inadmisible”, añade. Una visión más categórica tiene un profesor constitucionalista de la UC: “Los dos últimos que nombraron eran operadores políticos puros, eran hombres de partido militantes. Si los ponen ahí no es para que deliberen, si no para que defiendan al partido en los momentos más difíciles”.
Efectivamente, Cristián Letelier perteneció a la UDI, siendo uno de sus fundadores históricos. Fue diputado por ese partido y como abogado litigó en dos causas relacionadas con crímenes a los Derechos Humanos, solicitando la libertad para sus defendidos. Y pese a que ya no milita, el estrecho vínculo con la UDI fue el que lo llevó a inhabilitarse ante el Tribunal Constitucional para resolver la admisibilidad o no del requerimiento que presentó Patricio Contesse. La razón: la arista SQM tuvo su origen en el caso Penta, el que destapó el desvío de platas de dicha empresa para financiar campañas políticas de la UDI.
No solo eso lo complicaba. Letelier, antes de asumir en el TC, quería ser senador, así que en las elecciones de 2013 envió un correo a Carlos Alberto Délano pidiéndole dinero para financiar su campaña. A ello se sumó que Letelier fue abogado de Paula Rojo, secretaria de Alberto Cardemil (RN), cuando fue citada a declarar por el caso Penta.
Más allá de su vinculación política, hay quienes lo cuestionan duramente por su competencia. “Letelier es un abogado del montón para abajo. Se supone que en el tribunal constitucional debieran haber juristas de excelencia y expertos en materia constitucional. Es un tipo que no tiene una gran formación jurídica, tampoco es especializado”, apunta un experto en derecho procesal penal, quien se enfrentó a él en más de un juicio.
Algo parecido ocurre con Nelson Pozo. El abogado penalista fue la carta que presentó el Partido Socialista en el Congreso, colectividad en la que milita Pozo. La misma fuente dice que Pozo “tampoco es un tipo que tenga gran peso jurídico” e incluso añade que “él tiene un gran problema: se le acusa de haber plagiado un libro, entonces una persona que ha hecho eso difícilmente tiene el respeto académico de sus pares”.
“Las nulidades procesales”, fue el libro que publicó en la década de los 80 y que -según señaló El Líbero- copió de un texto argentino sin atribuir las citas correspondientes. De hecho, Joaquín García-Huidobro, en una columna en El Mercurio, planteó que “si la razón para elegirlo fueron sus méritos académicos, y resulta que parte significativa de esos merecimientos son de cartón, entonces no hay razón para que ocupe un puesto nada menos que en nuestro TC, una institución que exige un nivel moral muy superior al promedio de los chilenos”. La respuesta de Pozo: “Este es un tema de hace 30 años y a mí nadie me ha demandado”.
Brahm: la mano derecha de Piñera
En su último año de gobierno, el entonces Presidente Sebastián Piñera debía nombrar a dos ministros para el TC. Sus fichas: María Luisa Brahm e Iván Aróstica. A Brahm la conocía de cerca. La abogada independiente -cercana a RN- había sido jefa del “segundo piso” y también “sus ojos y oídos”, tal como decía el propio Piñera. Pero como en derecho, a diferencia de otras profesiones, las canas, la cantidad de conocimiento y la maduración de este importa, como dicen varios abogados, la experiencia de Brahm para ocupar un cargo en el TC era casi nula. “María Luisa Brahm se comporta muy políticamente, no se comporta como un juez. Lo puedes ver en general en todos sus fallos: no delibera, vota como por orden de partido”, comenta un profesor de derecho constitucional de la UC.
Aunque su experiencia como directora del Instituto Libertad -centro de pensamiento de RN- durante la década de los 90 la podría salvar, de alguna manera, del escrutinio de sus pares. “En esa época ella estaba en el mundo operativo en el derecho constitucional; no de profesora, pero le tocaba estudiar, redactar, cosa que no tienen en realidad Letelier y Pozo“, argumenta un destacado abogado constitucionalista de la Alianza.
Un ex ministro de Justicia resume la situación así: “La designación de ministros para el TC es un tema que se ha ido desvirtuando porque se han ido nombrando a personas al término de un gobierno para ocupar el cupo y resguardarse a futuro. Esto comenzó con el nombramiento de José Antonio Viera-Gallo, quien era ministro de la Segpres y un día antes que la presidenta Bachelet dejara su gobierno lo designó. El mismo caso se repite con María Luisa Brahm”.
El rol del TC en la arista SQM
La decisión de suspender a la Fiscalía de cualquier medida intrusiva a la empresa Soquimich se resolverá, en parte, este miércoles. La segunda sala del TC, integrada por Carlos Carmona, María Luisa Brahm, Iván Aróstica, Gonzalo García y Cristián Letelier -ahora inhabilitado para ver la causa- definirá si es admisible o no el requerimiento presentado por Contesse. “Lo que este señor alega es que el Ministerio Público no está ejerciendo sus facultades de acuerdo a la ley y que el modo cómo lo estaría ejerciendo sería una vulneración al derecho al debido proceso. Ese es el fondo sobre lo que se tiene que pronunciar después, pero lo que tiene que hacer ahora el TC se determinar si el requerimiento tiene fundamentos plausibles”, explica el profesor de la UDD, Ignacio Covarrubias.
De acoger el requerimiento del ex gerente general de SQM, la Fiscalía no podrá allanar o incautar computadores, celulares y documentos de la empresa. A lo que su investigación quedará supeditada a la información que le entregó el Servicio de Impuestos Internos y la querella que presentó el SII contra los gerentes de esa empresa. ¿El escenario? “Hoy día la Fiscalía está construyendo en terreno ajeno”, resume un ex ministro. En cambio, si el Tribunal Constitucional lo declara inadmisible, el Ministerio Público podrá tomar las riendas de la arista más escurridiza del caso Penta.
