Quiebre en el SII: funcionarios acusan a director (s) de allanarse a “intereses particulares” al no presentar denuncias contra empresas
En la misiva los trabajadores del Servicio plantean que la percepción que hasta ahora tiene la ciudadanía sería que en vez de perseguir penalmente a infractores tributarios, se estaría asumiendo la “doctrina Escobar”, la que plantea que la entrega de boletas ideológicamente falsas -en este contexto, para presuntamente financiar irregularmente campañas políticas- sólo merecería una salida administrativa.
Fue por la falta de una querella en contra de Claudio Eguiluz como persona natural lo que provocó que se anulara la formalización del ex vicepresidente RN por presuntos delitos tributarios, además de una acusación de apropiación indebida realizada por el Ministerio Público.
Y el fundamento de la magistrado Ema Tapia, del Octavo Juzgado de Garantía, fue que si el Servicio de Impuestos Internos no presentaba una querella en contra de alguien investigado por irregularidades tributarias, no podía avanzar su formalización. Este argumento hasta ahora había sido esgrimido por los abogados de Felipe de Mussy, diputado UDI, y del ex parlamentario, Alberto Cardemil. No obstante, 5 magistrados ya habían formalizado y dejado en prisión preventiva a distintos personeros por presuntos delitos tributarios.
Lo ocurrido puso presión sobre el director subrogante del SII, Juan Alberto Rojas, el cual reemplazó a Michel Jorratt (en la foto) al mando del servicio. Este último debió dejar su cargo al hacerce público la presión que recibió para frenar aspectos de la investigación del caso SQM, las que acusa vinieron del ex ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.
El mismo día que se desestimó la audiencia de formalización, la Asociación Nacioanl de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (ANEIICH) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (AFIICH) le escribieron una carta a Rojas criticando el inmovilismo en el que ha caido esta institución en materia de persecución penal de los delitos enmarcados en el caso SQM.
El correo, de acuerdo a CiperChile, estaba con copia a todos los funcionarios del organismo.
Si bien la querella finalmente se presentó, ésta es sólo por transgresiones a la ley de donaciones y no por boletas ideológicamente falsas. En la querella ni siquiera se mencionan y tampoco se le atribuye responsabilidad por las boletas falsas que otras personas entregaron a SQM. En las declaraciones presentes en la causa se acreditaría que Eguiluz recibió el dinero. Sin embargo sí se imputa a otro militante de Renovación Nacional por seis boletas. Éste es Christian Fuentes Castillo, quien habría “facilitado” boletas a SQM, pese a que el contacto con la minera no metálica sólo lo tenía Eguiluz. Serían tres funcionarias de la Junji en la VIII región que declararon haber hecho boletas para SQM a solicitud de Castillo, y el dinero se lo habría quedado Eguiluz, quien estaría vinculado a cerca de 460 millones de pesos en documentos tributarios falsos.
Doctrina Escobar
El correo está firmado por los presidentes de las mencionadas asociaciones de funcionarios –Carlos Insunza por la ANEIICH y Juan Apablaza por la AFIICH– y manifiesta preocupación por la “ausencia de un accionar proactivo por parte del SII en los casos de investigación”. Destacan, a renglón seguido,, el rol técnico y autónomo, junto con el respeto de los tiempos de revisión, fiscalización y compilación de antecedentes. Sin embargo, argumentan, “resulta insoslayable que en diversas aristas de los casos en investigación se han ejercido las acciones correspondientes, sin que hasta la fecha se hayan tomado definiciones respecto de las denuncias o querellas penales correspondientes”.
Luego dicen que la percepción de la ciudadanía es “alarmante” ya que aseguran que se habría consolidado en el accionar del Servicio de Impuestos Internos “la mal llamada ‘Doctrina Escobar’”. Ésta toma su nombre del abogado Ricardo Escobar, ex director del Servicio y sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos, quien es uno de los socios de los estudios de abogados, Bofill Escobar, que representan a los imputados en el caso Penta. En esta “doctrina” se plantea que el entregar boletas ideológicamente falsas -que en estos casos habrían servido para financiar de forma irregular tanto actividades como campañas políticas- no sería un delito sujeto de persecución penal, con posible castigo de cárcel, sino que correspondería a una irregularidad administrativa, que podría sancionarse con multa.
La carta plantea que no existe esta “doctrina” en el ámbito académico, sino que correspondería a “la vocería de los intereses particulares de aquellas grandes empresas que han incurrido en este tipo de prácticas ilícitas”.
El estudio de Escobar también representa al ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y también se cuestiona que en la gestión de Escobar al mando de la institución la actitud en la persecución de los delitos tributarios habría sido, cuando menos “laxa”.
