Parlamentarios clientes de BanCongreso enfrentan querella por desvío de fondos
Según fuentes judiciales, la acción fue liderada por la Fundación Chile Movilizado, la Comisión por la Renacionalización del Cobre y el partido Poder Ciudadano, con la que buscan sancionar a los parlamentarios que obtuvieron los empréstitos.
Organizaciones sociales presentaron una querella en el Tribunal de Garantía de Valparaíso contra los parlamentarios que están involucrados en los millonarios préstamos sin intereses que otorgó la Cámara de Diputados a sus representantes.
Según fuentes judiciales, la acción fue liderada por la Fundación Chile Movilizado, la Comisión por la Renacionalización del Cobre y el partido Poder Ciudadano, con la que buscan sancionar a los parlamentarios que obtuvieron los empréstitos.
El abogado Roberto Ávila, señaló a los periodistas que “esperamos que esto se traslade al Ministerio Público y que el fiscal, como lo hemos solicitado, cite a declarar a los diputados Marisol Turres, Jenny Álvarez, Cristián Campos, Jaime Pilowsky, Diego Paulsen y Claudio Arriagada”.
“Tendrían que ser citados también los senadores Alejandro Navarro, Jacqueline Van Rysselberghe, y Jaime Orpis. Algunos de ellos ya conocen estos trámites judiciales, así que se les va a hacer más fácil su comparecencia ante el Ministerio Público”, ironizó el defensor.
El pasado 5 de enero, una auditoría externa reveló la entrega de millonarios préstamos a parlamentarios chilenos por parte de la Cámara de Diputados, financiados con recursos del Congreso.
El informe, realizado por la consultora Ossandón & Ossandón, señaló que según el ejercicio contable de la institución en 2014 los créditos entregados durante ese periodo a seis diputados no consideran intereses ni reajustes, además de la posibilidad de devolución del monto hasta en 28 cuotas. El estudio además desveló que la Cámara de Diputados presentó un descalce presupuestario por más de 1.000 millones de pesos en 2014.
Según la información otorgada por el abogado que presentó la querella, los parlamentarios incurrieron en el delito de desvío de fondos públicos, ya que el dinero debía ser usado en el funcionamiento del Congreso.
