Fiscalía solicita “asistencia” a EEUU en caso SQM: aluden a campañas de Frei, Piñera y Bachelet

Apropiación indebida, contratos simulados, perjuicio al estado de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas. Esta es la nueva gama de delitos que el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a cargo del caso SQM, está investigando en el contexto del presunto financiamiento irregular de la política.

Esto, porque de acuerdo a La Tercera, el ente persecutor envió un oficio al Departamento de Justicia de Estados Unidos para “esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos a o los imputados”. El antecedente de este escrito se encuentra en el informe que realizó la firma de abogados Shearman & Sterling LLC, donde se reveló el transversal esquema de financiamiento que la minera no metálica tuvo con los políticos en nuestro país.

Gómez envió este escrito, en el que precisa que los pagos por parte de SQM, “a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Democracia Cristiana (DC), Partido Regionalista Independiente (PRI), Partido Radical (PR o antes PRSD), Partido Progresista (PRO), Partido Por la Democracia (PPD) y Partido Socialista (PS)”. O sea… sólo falta el Partido Comunista y algunas colectividades de menor tamaño.

Asimismo, detalla también que hubo “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

Uno de los antecedentes que se trata en detalle en el informe que se envió a Estados Unidos es el rol que se supone que tuvo Patricio Contesse, ex gerente general de SQM. Éste, de acuerdo al documento, “empleó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas”.

Habrían sido 891 boletas de honorarios y 222 facturas falsas fueron pagadas por un total de 5 mil 430 millones 342 mil 885 pesos, las que “fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014”.