A dos años de su desafuero: diputado Rosauro Martínez ha recibido $154 millones por dieta parlamentaria

A mediados de 1981, varios militantes del MIR se encontraban en la zona de Neltume en la Décima Región. Habían llegado a Chile en el marco de la llamada “Operación Retorno”, un iniciativa política, ideológica, social y armada que buscaba configurar un foco guerrillero en la zona sureña para derrocar a la dictadura.

Conscientes de la situación, Carabineros y la CNI estaban tras la pista de los revolucionarios y llevaban a cabo la sanguinaria “Operación Machete”, mientras que los revolucionarios se habían dividido para poder permanecer en la clandestinidad.

Tres de los miristas, Patricio Calfuquir, Próspero del Carmen Guzmán y José Monsalve, habían ido a una casa al sector de Remeco Alto a buscar alimentos. Pero no contaban con que serían los moradores de esa misma casa quienes los denunciarían.

Según se detalla en el Informe Rettig, los militares entraron al lugar y asesinaron a Calfuquir y Guzmán, que hicieron el intento de escapar por una puerta y una ventana. Mientras que Monsalve, que alcanzó a huir hacia la montaña, también fue abatido a disparos. La casa quedó destruida por completo. Ninguno de los miristas opuso resistencia. Quien habría dado la orden e incluso, según cuentan algunos conscriptos que fueron testigos, quitó el arma a uno de los soldados para disparar por su cuenta, fue el diputado desaforado Rosauro Martínez.

Martínez perdió su fuero el 12 de mayo por la Corte de Apelaciones de Valdivia y un mes después el fallo fue ratificado por la Corte Suprema. Con esto, el parlamentario quedó impedido de ejercer sus funciones legislativas, es decir, ir al Congreso, integrar comisiones y votar proyectos de ley. Y quedó a disposición de la justicia para ser procesado como cualquier ciudadano.

Pues bien, a dos años de aquello, no ha dejado de recibir su dieta parlamentaria, entendida como la dieta líquida mensual de libre disposición que reciben los parlamentarios.

Contando los 10 meses desde mayo de 2014 a marzo de 2015, cuando la dieta parlamentaria vigente era de 6.200.000 de pesos, Martínez recibió 62 millones de pesos sin haber ido al Congreso.

Y desde abril de  2015 a la fecha, en que la dieta es de 6.580.000 de pesos, el RN recibió 92.120.000 de pesos. En total son 154 millones de pesos en dieta parlamentaria que ha recibido el hombre acusado de asesinato.

La razón de por qué el diputado y todos los parlamentarios desaforados siguen recibiendo este dinero está explicada en una resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de 2015. En el texto, se afirma que el Consejo de Asignaciones Parlamentarias considera que “el desafuero no priva al parlamentario de su calidad de tal, simplemente lo suspende del ejercicio de su cargo, por lo que este sigue destentando su rol de representante aunque no pueda ejercer funciones legislativas mientras esté suspendido, recibiendo incluso su dieta parlamentaria durante este período”.

Así lo explica el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Germán Verdugo: “El parlamentario no pierde su calidad de tal, sino que por una resolución judicial está suspendido temporalmente de la función legislativa. Y en la Constitución está establecido que la única remuneración que tiene un parlamentario es la dieta, y si bien este no puede ejercer su función legislativa, si puede ejercer otras como representante”.

En un reportaje de T13, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó: “Los parlamentarios tienen otro rol que está reconocido en la ley orgánica que es el de la representación política. Es decir, ellos representan un distrito y la Cámara no puede dejar que el parlamentario no acoja el clamor de su electorado, de la gente que lo eligió en el distrito respectivo. Él está suspendido de su función legislativa, pero no de todas las tareas de representación que tiene”.

Por eso, Martínez también sigue recibiendo algunas de sus asignaciones parlamentarias para ejercer este rol de representación en la VIII región. Por ejemplo, en marzo de 2016 empleó 688.000 mil pesos de asignaciones pagar sus oficinas parlamentarias; 200 mil pesos para pagar telefonía correspondiente a estas sedes; 1 millón 369 mil pesos en traslados al interior de la región que incluyen pasajes, alimentación, peajes, arriendo de vehículos y bencina. Los pasajes aéreos a cualquier zona de Chile quedan suspendidos.

También gastó 698 mil pesos en actividades distritales; 273 mil pesos en difusión (ese ítem se justifica porque los contratos vigentes al momento del desafuero se mantienen y no pueden cancelarse); 103 mil pesos en materiales de oficina; y 35 mil 644 pesos en correspondencia, según consta en la web de la Cámara.

Martínez es el primer congresista electo en ser procesado por delitos cometidos durante la dictadura. Por lo largo de este proceso, es probable que no vuelva a competir en las elecciones de 2017.

Los hechos que derivaron en el desafuero de Martínez