La Corte Suprema ratificó que los delitos tributarios por los que era investigado el ex senador Carlos Ominami estaban prescritos. Por lo tanto, él es uno de los primeros políticos que finalmente –tras ser involucrados en estos casos- sale indemne tras un breve proceso judicial (en comparación a algunos investigados del caso Penta que siguen en suspenso desde mediados del año pasado).
“Desde el primer momento dije que estaba en disposición solamente de ir a un juicio para demostrar mi inocencia y no reconocer culpabilidad. No estaba dispuesto a otra cosa. Fue una definición que hicieron los abogados”, indicó a CNN Chile Carlos Ominami, ya que a su juicio, sus defensores no podían si no indicar la existencia de la prescripción.
Pero pese a todo, el ex senador insiste en que nunca se concertó con nadie para financiar irregularmente su campaña. “No tenía por qué saber que con esas facturas SQM iba a bajar impuestos de primera categoría”, pero sí aclaró que “SQM se había comprometido a ayudar a mi campaña, con condiciones de acuerdo con la ley”.
En la entrevista se le insistió respecto de un eventual reproche ético, al haber pedido financiamiento a la empresa de Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, y Ominami indicó que “si usted me pregunta si estoy orgulloso de esto, no. Lo volvería repetir, le digo, no. ¿Si hay cuestionamiento ético? Discutamos. La ética es una palabra grande que hay que tratarla con cuidado”.
Y luego, agregó que “ser familiar de alguien no es un delito. Yo creo que Julio Ponce, a quien prácticamente no conozco ni le he pedido dinero, no es mejor ni peor que otras personas. Creo que incluso si uno tuviera que hacer un juicio de comportamientos de unos y otros, podrían encontrarse personas que no sólo se aprovecharon de las condiciones de la dictadura y fueron instigadores, y hoy tienen un estatus distinto”.
Al concluir la entrevista tras indicar que SQM no es la única empresa que entró en este tipo de financiamiento, indicó que “los criterios no han sido los mismos en el caso de Marco Enríquez-Ominami”, y estima que “no tengo la garantía de que el Servicio de Impuestos Internos haya actuado de forma ecuánime”.
