Nueva crisis en Chiloé: pescadores reclaman despelote con los bonos y oídos sordos del Gobierno
A dos meses del cese de movilizaciones en el sur del país, autoridades y dirigentes sociales discrepan de cómo se ha manejado la crisis y la entrega de bonos.
La presencia de marea roja en las costas de Chiloé va en retirada. La Seremi de Salud de la Región de Los Lagos determinó que las zonas libres de la toxina y donde se pueden extraer mariscos para un consumo seguro son la costas de Dalcahue, Castro, Chonchi y Quellón. Mientras, Calbuco, Maullín y Ancud continúan con restricción.
Denisse Alvarado, dirigenta de las mujeres de la Pesca Artesanal, comentó a El Mercurio que aún se viven las consecuencias de la marea roja: “La venta de mariscos está lenta por la desconfianza en los consumidores de Santiago, por ejemplo. Necesitamos que divulguen que están libres de contagio”.
Sin embargo, el conflicto ahora gira en torno al cumplimiento de las promesas del Gobierno para frenar el impacto en la economía de los pescadores. A dos meses del cese de movilizaciones en el sur del país, autoridades y dirigentes sociales discrepan de cómo se ha manejado la crisis y la entrega de bonos.
“La gente en las caletas lo está pasando mal”. Esa es la percepción que prima en la zona. “No hay trabajo, los bonos no le llegaron a la gente que le correspondía. ¿Qué más mal podemos estar? Los servicios públicos no están cumpliendo y seguimos esperando que nos reciban”, comentó Luis Adue, presidente de Prodelmar.
Daniel Montiel, representante de los recolectores de Castro, aseguró que “han pasado varias semanas esperando que el Gobierno responda un petitorio, y ni el intendente ni la Presidenta nos responden”. En el punto más álgido de las movilizaciones -que por 18 días impidieron el acceso a Chiloé por el canal de Chacao- el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se trasladó a Chiloé para negociar con los pescadores. La Presidenta nunca los visitó.
En respuesta el Intendente de Los lagos, Leonardo de la Prida, dijo: “Estamos preocupados de cumplir y honrar la palabra empeñada en los acuerdos. Hemos pagado bonos a más de 6.200 personas y seguimos revisando apelaciones”.