Golpe del SII deja a Isapres en la UCI: aseguradoras deberán pagar impuestos por los costos de juicios que pierdan
Las costas debieran, según el Servicio, incluirse en la categoría de “gastos rechazados”. La industria indica que las consecuencias de esto son “impredecibles”.
La temida “carta de adecuación” ha generado prácticamente una industria de abogados que buscan interponer recursos de protección para impedir que aumenten los precios de los planes a los que las personas acceden a través de las Isapres.
Tan sólo para este año se esperan cerca de 150 mil recursos en su contra, versus los 133 mil juicios que en el 2015 fueron ganados por los cotizantes. Esto significó un doble golpe para las aseguradoras: debían evitar el reajuste en el precio del plan y también debían pagar las costas de los juicios, lo que se traduce en lo que costó el proceso judicial. La Corte Suprema en diciembre pasado determinó que para cada uno de estos procesos, el que pierda deberá pagar 130 mil pesos.
Ahora, según publica El Mercurio, se suma un nuevo factor de presión para las Isapres, ya que el Servicio de Impuestos Internos determinó que a las costas de los juicios también deberán sumársele el pago de sus impuestos. Para esto, se deben considerar en la categoría de los “gastos rechazados”.
Las Isapres pagarán un impuesto de un 35% por el monto de los gastos donde se incluyan estas costas. En tanto, las siete isapres abiertas adeudarían un total de 12 mil 647 millones de pesos, considerando además reajustes, intereses y multas.
Este monto deberá ser pagado por las aseguradoras, y corresponde a los años 2013, 2014 y 2015. A partir de ese momento la carga impositiva aumentará en un 40%.
El presidente del gremio, Rafael Caviedes, indicó que “dado los montos involucrados en el pago de estas costas, el impacto de tal decisión es impredecible para el sector privado de salud”. Asimismo, aseguró que cada empresa analizará y tomará las acciones que estime pertinentes para impugnar la decisión de la autoridad.
Esta situación, según la industria, se suma a la creciente judicialización de los reajustes de los planes, y han advertido que el negocio podría hacerse inviable en el futuro.