Diputados piden comisión por falta de querellas del SII y entidad amplía acciones penales en Penta y SQM
Se critica al organismo por “sepultar” las causas de presunto financiamiento irregular de políticos, al sancionar vía multa y no en justicia criminal.
Fueron, entre el 2014 y el 2017, 35 querellas por delitos tributarios, 5 denuncias y 41 procedimientos de sanciones pecuniarias (multas, básicamente) ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
Ese fue el balance con el que el Servicio de Impuestos Internos, al mando de Fernando Barraza, intentó salir al paso a las críticas que comenzó a recibir a raíz de la publicación de La Tercera el fin de semana, que establecía que finalmente la entidad determinó sancionar con cuantiosos montos de dinero, y no con la persecución en tribunales, a casos de una serie de empresas investigadas en las causas Penta y SQM.
El asunto inicia de forma compleja, ya que fue una investigación por el Fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), a través del cual se llegó a la situación que afectó a empresas Penta en el 2014, cuyos controladores actualmente están en un proceso penal por delitos tributarios, que de acuerdo a lo que se ha revelado habrían sido cometidos para financiar de forma irregular actividades políticas. Luego, de Penta –donde mayoritariamente figuraban nombres vinculados a la actual oposición– surgió la primeramente arista, y luego caso SQM, ligada al ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. En esta última indagatoria comenzaron a verse casos vinculados al oficialismo.
Por ley, el Servicio de Impuestos Internos es el único que puede presentar querellas o denuncias por delitos tributarios, las que después pasaban a ser investigadas por el Ministerio Público. Con la llegada de Barraza (en la foto), después de la salida de Michel Jorrat, el SII comenzó, primero, a demorar nuevas presentaciones de acciones penales. Luego salieron de forma “nominativa” (eliminando el apartado que permite a la Fiscalía investigar a “todos quienes resulten responsables”), y lo de este fin de semana “sepultaba” la posibilidad de que el ente persecutor persiguiera criminalmente a quienes incurrieran en este tipo de ilícitos tributarios.
Así las cosas, desde el Ministerio Público y algunos parlamentarios comenzaron a criticar esta decisión, que dejaba fuera, al menos hasta ahora, a 12 empresas que en situaciones similares a Penta y SQM, podrían haber sido sujetas de investigación. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, dijo respetar la facultad del SII, pero “hemos manifestado siempre que estamos en desacuerdo que otros órganos del Estado tengan estas facultades y no estén radicadas en el Ministerio Público, porque si no se produce cierta desigualdad de las personas ante la ley”.
Un grupo de 43 legisladores, según publica La Tercera, solicitó una sesión especial en la cámara por esta materia. “Como resultado de esta decisión, el Ministerio Público procedió al archivo de estas investigaciones penales”, se establece en la solicitud que fue enviada al presidente de la corporación, Fidel Espinoza (PS). Allí, en caso de concretarse esta comisión, a la que sería citado Fernando Barraza, se busca discutir y estudiar mecanismos que permitan a la fiscalía realizar una “adecuada persecución penal de los delitos tributarios, sin que la acción penal recaiga exclusivamente en un solo organismo”.
En El Mercurio se revela que ante el embate que sufrió el SII, junto con el comunicado que se emitió este lunes, también se llegó a una suerte de solución “mixta”: en algunos casos se presentaron nuevas querellas o ampliaciones (nuevos delitos considerados) de las mismas, y en otros casos se considera la posibilidad de la multa. Para definir esto, según el organismo, se “utiliza criterios históricos técnicos y objetivos, como el monto del perjuicio fiscal; la reiteración en la comisión de los delitos; la gravedad de las irregularidades; el uso de asesoría tributaria para llevar a cabo el delito; el efecto ejemplarizador o pedagógico en otros contribuyentes; la calidad y suficiencia de la prueba reunida y la factibilidad de obtener una condena por delitos tributarios”.
Las querellas presentadas son contra SQM Industrial, contra el ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, contra el ex consejero regional de RN, Claudio Eguiluz, y se amplía una querella contra el ex gerente de Bancard, Santiago Valdés.
