“El PDC se abstendrá de incluir en sus listas de candidatos a personas que hubieren sido condenadas por cualquier Tribunal de la República (…). También es condenada la persona a quién un tribunal civil, laboral o de familia, luego de acoger la demanda o denuncia, ordena cumplir una obligación, indemnizar los perjuicios, pagar una multa o realizar alguna otra conducta reparatoria o cautelar”.

Lo anterior es parte del informe que redactó el abogado constitucionalista Patricio Zapata -militante democratacristiano-, donde se establece una serie de “criterios objetivos”, como él mismo definió, para la confección de la lista parlamentaria del partido, generado a partir del veto a la repostulación de Ricardo Rincón por un caso de violencia intrafamiliar en 2002.

El texto -que fue anunciado por la presidenta de la colectividad, Carolina Goic, al momento de ratificar que continúa en la carrera presidencial y que buscaba elevar el estándar ético de la política con la fijación de estos criterios mínimos– incluye diferentes temáticas: maltrato infantil, violencia intrafamiliar, acoso sexual, tráfico de drogas o estupefacientes, malversación de recursos públicos, cohecho, prevaricación, prácticas antisindicales, colusión y, en general, violación de los derechos humanos.

A esto se suma una disposición de hace dos años: cualquier militante formalizado será suspendido y uno condenado, expulsado del partido. En ambos casos se imposibilita participar de una lista parlamentario.

“Junto con expresarme su respaldo, (militantes) han reconocido la importancia que tiene para Chile”, dijo la timonel en su aplaudido anuncio la semana pasada, haciendo especular sobre qué otras precandidaturas podían desaparecer, debido a los procesos judiciales o investigaciones de las que han sido objeto algunos de los actuales parlamentarios que buscan la reelección.

Sin embargo, conocido el contenido del informe de Zapata se pudieron clarificar varias dudas que incomodaron a las bancadas democratacristianas del Congreso, que los hicieron pensar que podían correr la misma suerte de Rincón. Entre ellos se encontraban el diputado Roberto León, investigado en el caso SQM; Marcelo Chávez, con una causa por conducir en estado de ebriedad; y Marcela Labraña, ex directora del Sename cuestionada por su desempeño en la muerte de Lissette Villa.

La pregunta que hoy muchos se hacen es hasta dónde alcanza el estándar ético fijado por Goic.

Los cuestionados

Este miércoles en la tarde, la mesa DC se reunió para afinar su nómina de candidatos al Congreso y confirmaron que ninguno de los actuales parlamentarios, u otros militantes, serán vetados para participar de las elecciones. Esto debido a que ninguno está condenado o formalizado por la Justicia, como sugiere el informe de Zapata.

“Todos son ratificados a excepción de la situación del diputado Ricardo Rincón”, afirmó anoche el vicepresidente del partido, Matías Walker.

En la Cámara de Diputados, varios de los que van a la reelección han sido investigado por distintas situaciones reñidas con la ley. Es el caso de Roberto León. El diputado no está formalizado ni cerca de serlo, pero sí su hijo del mismo nombre, por presuntos delitos tributarios relacionados al financiamiento ilegal de la política.

El hijo del parlamentario emitió 55 boletas a SQM por $123 millones. Sin embargo, eso no imposibilitaría a León de continuar con su candidatura, bajo el paraguas del “Informe Zapata”.

El diputado Marcelo Chávez fue formalizado en 2015 por conducción en estado de ebriedad, causando daños y por abandono del lugar sin dar cuenta a la autoridad. Según relatos de la época, fue socorrido por terceros quienes sacaron la patente del auto accidentado y lo ayudaron a escapar.

En el caso del diputado Jorge Sabag, si bien la Justicia lo sobreseyó por el mal uso de asignaciones parlamentarias para el pago de sus sedes distritales y que habrían ido a parar a un negocio familiar del diputado, el fondo de la causa no fue rechazado, sino que no se logró acreditar el delito.

Por otra parte, la semana pasada, la fiscalía de Aysén determinó no continuar adelante con la investigación en contra del diputado Iván Fuentes -hoy militante DC-, por no contar con pruebas suficientes para imputarlo por los aportes que recibió por parte de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES). El mismo parlamentario reconoció que recibía financiamiento en pasajes y estadía, además de 1.500.000 pesos mensuales durante el período 2012 y 2013, en plena campaña parlamentaria.

Otras investigaciones develaron pagos del Grupo Said al diputado Fuad Chahín, por $5.561.111, en el período que realizaba su campaña parlamentaria, en 2009. Frente a estas boletas, el diputado ha dicho que son “emitidas por servicios profesionales en mi época de abogado, como muchas otras emitidas entre 2006 y 2009 en que ejercí libremente la profesión”.

En 2013, el diputado Claudio Arriagada fue querellado por presuntos abusos sexuales contra siete funcionarios de la Municipalidad de La Granja, cuando éste era alcalde de esa comuna. Un año después, la justicia lo sobreseyó argumentando que a pesar de que los hechos dan cuenta de la existencia de amenazas por parte del diputado hacia sus empleados, no eran suficientes para acreditar la existencia de actos que sean constitutivos de delito.

En el caso del Senado, sólo Jorge Pizarro vive una situación judicial compleja, aunque no competirá en las elecciones de este año, ya que solo se renuevan las regiones impares. El senador por Coquimbo es investigado en el marco del caso SQM e incluso será formalizado el próximo 16 de agosto.

Fueron al menos $11 millones pagados por SQM a la sociedad de los hijos del senador Pizarro, Ventus Consulting, y que terminaron en la cuenta corriente del parlamentario en 2012, según una investigación de Ciper. Su hijo menor fue quien se encargó de hacer el traspaso de los dineros.

Otra situación compleja vive Marcela Labraña, cuestionada por la responsabilidad política como directora del Sename en la muerte de Lissette Villa y parte de la crisis de la institución. “Murió de pena”, justificó entonces la ex jefa del organismo, descartando que se tratara de las maniobras realizadas por una de las funcionarias que estaba a su cuidado. Este miércoles, la mesa DC también ratificó su candidatura.

Rincón, el único vetado

Esperando revertir la situación que vive hoy, este lunes Ricardo Rincón ingresó un recurso de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). En el documento se incluyen las resoluciones donde se aprobó su candidatura y una declaración contraria al informe de Patricio Zapata, acusando infracciones a la ley de partidos políticos.

El diputado pide al tribunal “declarar nula la decisión del órgano intermedio colegiado de delegar en la directiva funciones que le son privativas y no está facultado por ley delegar” acusando a Goic de promover y someter “a votación un ‘voto político’ cuya ilegalidad ella conocía, destinado a afectar mis derechos políticos y mis derechos de militante”.

Siendo el único afectado por la fijación de “criterios objetivos” o un estándar ético para aprobar candidaturas, desde el entorno del diputado han dicho que se trató de una puesta en escena que tenía como único fin vetar su candidatura y para que Goic pudiera darle vuelo a “una candidatura que no prendió”, según dijo Rincón en una entrevista.

Sin embargo, ninguno de los otros parlamentario ni Labraña quedarán fuera de la plantilla, pese a que la propia presidenta de la DC, en su aplaudida intervención, había advertido la necesidad de establecer un estándar ético más allá de lo meramente legal. “Para Piñera el límite está en lo legal, para mí, está más allá de lo legal, está en lo ético”, dijo.

El diputado León -cuestionado por el caso SQM- defiende el informe y asegura que la DC está tomando determinaciones inéditas que ningún otro partido se ha atrevido a tomar, yendo más allá incluso que la propia justicia y ejemplifica con un caso que, a su juicio, marca el estándar de la falange.

“Tenemos un caso concreto de un concejal DC de Curicó que fue formalizado por supuestos viajes con fondos municipales. La DC decidió no llevarlo a la reelección, pese a que iba a ganar seguro, y después la Justicia lo declaró inocente. Para la ley era inocente pero tuvo un castigo político por ese solo hecho”, afirma.