“Esto confirma que el Arzobispado no solo no coopera, sino que no quiere que se vean estas cosas (…) Esto no hace más que confirmar las razones de la demanda que son para demostrar cómo aquí han habido actos de encubrimiento y cada cosa que puede hacer el Arzobispado de Santiago para evitar que la justicia actúe, la hace”.
Esas fueron las palabras del abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a las víctimas de Fernado Karadima, por el recurso de reposición que interpuso el Arzobispado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Karadima.
En el documento se solicita al tribunal modificar la resolución del pasado 4 de octubre, donde se rechazó el exhorto solicitado al Vaticano por la Arquidiócesis capitalina, con el fin de acceder a los antecedentes que pudieran haberse recopilado por el enviado especial del Papa, Charles Scicluna sobre un presunto encubrimiento de los abusos cometidos por el éx párroco de El Bosque, publica Emol.
Al respecto, José Andrés Murillo, uno de los demandantes del caso, manifestó: “No tiene ningún sentido, solamente dilatar la vista de la causa sin ningún fundamento (…) Me parece una medida mediocre de parte de los abogados del Arzobispado”.
En esa línea, agregó que “esto es totalmente coherente con el recurso de protección que puso el Obispado de Valparaíso para que no se muestre la investigación, los correos que tienen del señor Errázuriz y Ezzati, y también es coherente con esta acogida al derecho de guardar silencio por parte de Ezzati, entorpeciendo la verdad, la justicia, el que haya un proceso que para las víctimas y el país es necesario”.
A la par, James Hamilton criticó: “Esto es un claro recurso dilatorio, una clara mala voluntad. Es un escándalo (…) Cuando hemos hablado de mafia y encubrimiento, ellos están demostrando exactamente eso”.
La demanda de las víctimas de Karadima solicita una indemnización de $450 millones por la responsabilidad de la Iglesia en el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por el ex párroco. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada en una primera instancia por falta de pruebas.
