Muñoz apela al “derecho a la vida” por críticas a fallos sobre medicamentos e isapres

El presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, defendió los últimos fallos que han obligado al Estado a costear el financiamiento de medicamentos de alto valor, fuera de la Ley Ricarte Soto, y que han generado preocupación en las autoridades por la avalancha de recursos de protección que se podrían interponer.

La información aparece este lunes en El Mercurio, que también consigna otra sentencia que ha estado en el debate: la que ordena a una isapre incorporar como cotizante a una familia que estaba afiliada a Fonasa y que decidió cambiarse debido a la escasa cobertura que prestaba a la enfermedad de su hija de cuatro años, la que nació con fisura labiopalatina unilateral.

Según Muñoz, no se ha producido un cambio de jurisprudencia, sino que es una doctrina que viene de antes de que él llegara a la sala. Tampoco tiene que ver con la Ley Ricarte Soto, sino que “está relacionado con el derecho a la vida, cuando un niño se va a morir si no se le otorga el medicamento. Son casos excepcionales en los que se piden informes médicos”.

Sobre las críticas por la judicialización masiva, dijo que “puede que se judicialice, pero no se acoge el recurso por cualquier circunstancia. Nunca nosotros hemos dado (el medicamento) si no está en riesgo la vida verdaderamente. No es para que viva mejor, para que se mejore de una patología; es que si no se le da el medicamento, el niño muere”.

El magistrado recordó que no solo en estos casos de fármacos caros se acogen recursos de protección, también cuando está en riesgo la vida de un preso en huelga de hambre y se ha ordenado la alimentación forzada. O también cuando directores de la Posta Central, u otros hospitales, presentan recursos para salvaguardar la vida de menores porque los padres se oponen a realizar transfusiones por razones religiosas.

Muñoz abordó también las acusaciones acerca del límite de los recursos y que los jueces estarían interfiriendo en las políticas públicas de salud, algo que no es de su competencia, según han dicho expertos y autoridades.

“La Constitución dice que lo más importante es la dignidad de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Eso nos dice la Constitución, que dentro de las garantías más importantes -salvo que alguien diga lo contrario- está el derecho a la vida, y nosotros estamos para aplicar las garantías constitucionales. Si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas públicas”, indicó.

Sobre el caso de la preexistencia y la incorporación a una isapre, aclaró que la Corte Suprema nunca ha “dicho que se ingresen para que la atiendan gratis”, solo que se le integre.

“Todos tenemos el derecho a elegir el sistema de salud. Si todas las isapres se negaran a recibir a todas las personas no habría opción y la Constitución dice que tienen opción. Esto está garantizado. El precio lo ponen ellos, pero tienen que darles un plan. No estamos diciendo que la incorporen en el plan X, sino que, de acuerdo con sus patologías, hay que ponerla en uno de los programas que tienen, pero tienen que admitirla. La persona puede ver luego si le conviene o no”, enfatizó.

Además, estimó que hay “un exceso de reacción” por falta de información sobre los fallos. “Se habla como que fuéramos a administrar medicamentos de alto costo. No estamos administrándolos. Lo que ocurre es que a nosotros nos dijeron, a lo mejor nos mintieron, que la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona y que la garantía más importante es el derecho a la vida. Entonces, nos tienen que decir que lo más importante es el equilibro de las finanzas públicas. Si nos dicen eso, nosotros vamos a responder en torno a eso”, expresó.

Sobre lo que han dicho autoridades, como el superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, quien ha hablado de la necesidad de legislar para que la “justicia no siga dictando cómo hacer las cosas” respondió que “la Corte Suprema ha tenido que regular los casos extremos”.