La jueza del Tribunal Local Central de Sídney, Margaret Quinn, decidió negar la solicitud de libertad provisional para Adriana Rivas, ex secretaria de Manuel Contreras y otrora agente de la dictadura militar.
La abogada de los familiares de las seis víctimas que se le atribuyen a Rivas, Adriana Navarro, explicó que la magistrada “consideró los problemas médicos de Adriana Rivas, el retraso de Chile en comenzar la acción de extradición y los cargos, las dificultades que ella tenía para ser representada en Australia y Chile, donde ella propone impugnar todos los cargos y así en adelante”.
Navarro expresó que, en opinión de la jueza Quinn, “no habían factores de peso que pudieran llevarla a decidir de que no existía peligro de fuga, o que habría presentado circunstancias excepcionales de otro tipo y rehusó la solicitud de libertad provisional”.
En tanto, la abogada dio a conocer los próximos pasos en el proceso judicial contra Rivas, señalando que “los representantes de Chile y de Adriana Rivas han acordado un calendario de alegatos que llevan a la audiencia final, conforme el artículo 19 de la ley de extradición”.
“En septiembre vamos a tener una nueva vista en el tribunal para ver si las partes han cumplido con ese calendario y para que le indiquen a la jueza la cantidad de días necesarios para la audiencia final sobre la solicitud de extradición a Chile”, precisó.
Rivas es requerida en Chile por el secuestro con agravantes de 7 personas en 1976. Una de ellas, Reinalda Pereira, tenía 6 meses de embarazo cuando fue secuestrada y luego asesinada. Algunos de los coautores de estos crímenes ya han sido sentenciados en Chile y el juicio de Rivas está pendiente. Asimismo, existen pruebas de que las víctimas fueron asesinadas por agentes de la DINA en el cuartel Simón Bolívar en Santiago, donde trabajaba Rivas.
Las 7 víctimas son Víctor Díaz, Fernando Navarro, Lincoyan Berrios, Horacio Cepeda, Fernando Ortiz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira. Desde Chile, María Luisa Ortiz, cuyo padre fue torturado y asesinado por miembros de la Brigada Lautaro, a la que presuntamente pertenecía Rivas, comentó la decisión de la jueza en representación de las 7 familias: “Nos complace que se haya rechazado la fianza y esperamos que esta solicitud de extradición proceda ahora de manera rápida, sin más demoras. Han pasado 43 años desde que nuestros familiares fueron desaparecidos por agentes de la DINA y Adriana Rivas debe comparecer ante los tribunales chilenos. Buscamos la verdad y la justicia; se lo debemos a los miembros de nuestra familia quienes fueron víctimas de crímenes atroces”.
