A principios de mayo de 2019, la Policía de Investigaciones -por orden del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma- allanó la casa y las oficinas del suspendido fiscal de Rancagua, Sergio Moya. Esto, debido a su presunta vinculación con el Caso Huracán.
En esa oportunidad, fueron incautados computadores y un teléfono celular con el fin de ser periciados, lo que no se pudo llevar a cabo, ya que el persecutor presentó un recurso de protección en contra de Palma acusando que el procedimiento fue “ilegal y arbitrario”.
Dos meses después, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso presentado por Moya, y señaló que la Fiscalía podrá realizar los peritajes correspondientes en los equipos incautados.
“Las diligencias objetadas por los recurrentes se ejecutaron en ejercicio de las facultades y atribuciones de investigación que con exclusividad la ley asigna al Ministerio Público, en el contexto de una causa vigente, y en conformidad a las normas legales pertinentes”, reza el fallo.
En esa línea, el documento se explica que se constató “que las diligencias cuestionadas materia de los recursos derivan de un procedimiento en actual tramitación y adoptadas dentro de la normativa propia que establece la ley, la vía recursiva intentada no aparece apta para su impugnación”,
