Sernac anunció que fiscalizará a Línea Azul por derechos de los consumidores
Se indagarán los mecanismos de información dispuestos en el sitio web de la empresa y en sus oficinas presenciales.
El fatal accidente ocurrido el pasado 29 de julio, que dejó seis muertos y decenas de heridos en la región de O’Higgins, fue la gota que rebalsó el vaso de infracciones cometidas por la empresa de buses Línea Azul.
Luego de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones decidiera suspender los servicios de la empresa -a partir de este lunes 12 de agosto-, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que se iniciaron fiscalizaciones a la compañía para verificar que los derechos de los consumidores sean respetados.
El servicio ya ofició a la compañía para conocer en detalle el plan de contingencia que implementará para mitigar los efectos de la medida entre los consumidores afectados.
Asimismo, se detalló que se indagarán los mecanismos de información dispuestos por Línea Azul, tanto en su sitio web como en sus oficinas presenciales.
Lucas Del Villar, director nacional del Sernac, explicó que la Ley del Consumidor resguarda a los pasajeros y que “lo básico es que la empresa entregue información oportuna y veraz a quienes ya hayan comprado pasajes y, al mismo tiempo, disponga de las medidas de mitigación, como la devolución del dinero, entre otras”.
En ese sentido, se indicó que el organismo se encuentra en coordinación con el Ministerio de Transportes para tomar las medidas adecuadas y oportunas, agregando que las labores de fiscalización se están realizando en todas las regiones donde la empresa tiene oficinas, entre ellas el Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Valdivia.
En caso de detectar, por ejemplo, que la empresa siga vendiendo pasajes para fechas posteriores a la suspensión de los servicios o no está devolviendo el dinero completo, a quienes ya habían comprado tickets, se tomarán las medidas correspondientes.
Desde marzo de 2019, la Ley del Consumidor permite interponer demandas colectivas que incluyen el daño directo y también moral de los afectados, además de incrementar las multas, las que pueden llegar hasta 38 millones de dólares.
