El Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció que se realizará una fiscalización al sistema de registro de evasores del Transantiago, debido a la publicación de datos personales.
Esto, luego de que la ONG Derechos Digitales acusara al Ministerio de Transportes de estar incumpliendo la ley -al subir los datos a una página web a la que se accede con clave única y no como respuesta a una solicitud de Transparencia-, lo que fue desmentido por el Gobierno, ya que aseguraron que la consulta al listado está regida y ajustada a la normativa vigente.
Al respecto, el presidente de CPLT, Jorge Jaraquemada, señaló que la entidad ya tomó conocimiento de los hechos y buscarán establecer si es que existe un incumplimiento de la ley.
De acuerdo al artículo 22 quáter de Ley 21.083, “cualquier persona natural podrá solicitar que se le informe si una persona determinada se encuentra o no anotada en el referido registro, formulando para estos efectos una solicitud de acceso a la información pública según la Ley de Transparencia”.
Sin embargo, el Ejecutivo se basó en el mismo artículo, ya que éste también señala que “un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes regulará las condiciones técnicas de acceso y demás elementos que sean necesarios para la correcta operación del registro”.
La jefa de la cartera de Transportes, Gloria Hutt, defendió el registro de evasores argumentando que los datos “no son públicos, se puede acceder tal como dice la ley, y eso es lo que está establecido en el procedimiento de la página del Ministerio”.
