Protocolos y denuncias: las Fuerzas Armadas contra las cuerdas por casos de maltrato

Las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, no son millonarios fraudes los que están poniendo contra las cuerdas a los uniformados, sino que las denuncias de maltratos y agresiones que reciben algunos conscriptos en estas instituciones.

Las criticas sobre estas situaciones resurgieron luego de que el Instituto de Derechos Humanos se querelló por “vejación injusta o abusos” contra 30 soldadas conscriptas de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” del Ejército en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

La vulneración habría ocurrido después de la hora de servicio y justo antes de que las jóvenes pasaran a las duchas, cuando funcionarias del Ejército instruyeron la formación de una fila, ordenándoles que se voltearan contra la pared. En ese momento les procedieron a cortar el pelo contra su voluntad y sin motivo.

Lorena de Ferrari, jefa regional del INDH, explicó a El Dínamo que “esto se inicia por la denuncia de una conscripta, que no sabemos si es parte de las afectadas. Ella lo que inicialmente denunció es algún tipo de agresión o malos tratos. A raíz de esto, se le pide al Ejército que haga una investigación sumaria (…) Cuando nos dan la respuesta de la solicitud, señalan que no pudieron comprobar que esta conscripta haya sido maltratada”.

“Lo que sí se pudo establecer es que había ocurrido que dos funcionarias habían formado a las conscriptas y les habrían cortado el pelo sin tener las capacidades, ni las competencias para ello, ya que en el mismo Ejército habían personas con las competencias para hacerlo”, agregó la representante del INDH.

En ese sentido, detalló que desde la institución les informaron que las funcionarias involucradas traspasaron su mandato, por lo que “iban a ser sancionadas por aquello y que estaban en periodo de sumario, entonces les tenían que notificar los cargos”.

“A raíz de esa contestación del Ejército, nosotros hicimos la querella por vejaciones injustas en contra del Ejército y en contra de todos aquellos que resulten responsables (…) nosotros sabemos que son dos funcionarias de rango medio involucradas, pero ellas tienen superiores y al parecer ellos tampoco hicieron nada, entonces por eso la querella se hace en contra de todos los que resultes responsables”, agregó.

“Queremos que se investigue y se impute, porque si bien hay una sanción administrativa, éstas son totalmente distintas a las que son sanciones penales, porque aquí se podría haber cometido derechamente un delito”.

Finalmente, de Ferrari destacó que la querella se hace con el propósito de que “no vuelva ocurrir. Para que se entienda que esas prácticas, que antiguamente eran normalizadas, hoy no se pueden seguir normalizando y se tienen que respetar los derechos de todas las personas”.

Denuncias

El 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género firmaron un protocolo conjunto de denuncias de acoso sexual o laboral en las Fuerzas Armadas, el que estableció un “procedimiento de actuación”.

En el documento se señala que se pretende “resguardar el derecho, la integridad y la dignidad de las personas que sirven en las instituciones de la Defensa Nacional, para que puedan cumplir sus funciones en un ambiente libre de acoso, donde sean respetadas y tratadas de manera digna”.

Ese mismo mes, en que las autoridades celebraran las nuevas medidas, la Armada abrió un procedimiento disciplinario y anunció posibles castigos contra dos instructores de la Academia Politécnica Naval, sindicados como causantes de acoso laboral contra el grumete infante de marina Matías Pumarino, presunta falta acaecida en junio de 2018, en la unidad ubicada en Viña del Mar.

El militar acusó haber sufrido golpes de puños y torturas de parte de sus instructores, así como violencia
psicológica.

En aquella oportunidad, los funcionarios fueron separados de sus labores; sin embargo, el afectado pidió la baja por pérdida de vocación, solicitud que fue aceptada.

El 16 marzo, el Ejército volvía al centro de la discusión, luego de que el conscripto Marco Velásquez mató al Sargento 2° Fernando Zamorano y al Cabo 1° Pedro Benavides, ambos de la Escuela de Caballería Blindada de Iquique, tras lo cual se suicidó.

El uniformado, que habría sido víctima de bullying, se encontraba haciendo guardia en el sector de tanques del reducto castrense, cuando procedió a disparar con su arma de servicio, la misma que utilizó para quitarse la vida.

En aquella oportunidad, un amigo y compañero de Velásquez en la insitutición reveló a La Estrella de Iquique que  el joven “dijo varias veces ‘me voy a matar'”.

También comentó que en la unidad militar “había una tendencia a molestar a los más callados”. De él, por ejemplo, se burlaban e insultaban por su tartamudez. Mientras que a Velásquez “lo atacaban y cuando hacíamos la denuncia al cabo, al sargento y al teniente, no escuchaban”.

En junio de este año, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la detención del Cabo Segundo de Ejército Michael Sepúlveda, quien habría sufrido actos de homofobia en su contra, al interior del regimiento “Chacabuco”, de Concepción.

El afectado habría sufrido burlas por su orientación sexual por parte coronel Gonzalo Cubillos Schmied, en momentos cuando cumplía funciones.

De acuerdo a lo detallado por el Movilh, el cabo “portaba un gorro color verde oliva en su cabeza. Sin ningún motivo, el coronel Cubillos Schmied le indicó que “usted se vería mejor con un gorro de color rosa”, en torno burlesco y en clara referencia a la orientación sexual de Sepúlveda. Acto seguido lo fotografió sin su consentimiento desde su celular”.

Posteriormente, “y mientras tomaba desayuno en el rancho de tropa, el coronel exacerbó su acoso, mostrando desde su celular a los otros soldados la fotografía, consiguiendo se burlaban del cabo”.

En agosto, el Ejército anunciaba una nueva investigación tras la viralización de un video en el que se mostraba un cuestionable “rito de iniciación”, donde militares agreden a conscriptos de la generación 2018-2019, al interior de la Tercera Brigada Acorazada La Concepción, en Antofagasta. En el registro, que fue difundido por las redes sociales, se ve cómo los uniformados agreden arrojando tierra y golpeando con palas a los jóvenes.

Un violento rito de iniciación en el Ejército de Chile desata polémica pic.twitter.com/Ec1ySdbW7A

— RT en Español (@ActualidadRT) August 6, 2019

El protocolo

El protocolo de denuncias por acoso sexual o laboral establece cómo deben proceder quienes quieran acusar situaciones de acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas.

1/La víctima o quien pueda denunciar por ella, lo puede hacer a través de un formulario que, luego de ser completado, podrá entregar personalmente o vía electrónica a la dirección de correo electrónico institucional del mando receptor. El formulario debe estar disponible en la página web de la institución.

2/Si el denunciado o denunciada es el mismo superior jerárquico, se presenta la denuncia ante el escalón superior.

3/Los mandos receptores, de inmediato o cuando conozcan la denuncia, deberán acusar recibo y disponer las medidas de protección para el adecuado resguardo de la víctima, entre las que se contempla la separación de la víctima del denunciado.

4/Una vez recibida la denuncia, en un plazo de 24 horas se notificará al denunciado del inicio de una Investigación Sumaria Administrativa (ISA).

5/Si los hechos denunciados revisten caracteres de delito, deberán ser, de inmediato, puestos en conocimiento del Ministerio Público o Fiscalía Militar, según corresponda.

6/En caso de flagrancia, el Comandante de la Unidad o Repartición aplicará directamente las facultades sancionatorias conforme a sus potestades reglamentarias. De lo anterior informará al denunciante (Resolución del Comandante).

7/La ISA iniciada tendrá un plazo de desarrollo de 20 hábiles días, renovable solo ante circunstancias excepcionales debidamente fundadas por 15 días más.

8/El mando receptor deberá solicitar apoyo al Comité de Protección o Grupo Asesor de cada institución para generar las instancias de apoyo o asesoría jurídica, médica, psicológica, espiritual y social.

9/El mando receptor resolverá imponer la sanción o absolver según corresponda, dentro de 72 horas después de haber concluido el procedimiento, fundando debidamente su resolución, conforme a los principios establecidos en este protocolo. La resolución debe tener en cuenta el vínculo jerárquico que caracteriza a las relaciones laborales de las FF.AA.

10/Contra la resolución que imponga la sanción o absuelva al denunciado o denunciada, procederán los recursos
reglamentarios.

11/Las medidas de protección a la víctima o denunciantes, como apoyo médico, social, jurídico o administrativas se aplicarán durante todo el desarrollo del proceso y, muy especialmente, cuando éste esté resuelto.