Acusación constitucional contra Piñera: ¿Por qué no tendría futuro?

Luego que durante este domingo la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, inició la recolección de firmas de apoyo para acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, quedó abierta la interrogante sobre qué tan factible es destituir al mandatario, cuándo y cómo habría que elegir a una nueva autoridad.

Dudas que respondió a EL DÍNAMO el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central y abogado, Emilio Oñate, quien dijo que “no es para nada procedente, no tiene futuro”.

Pese a que según el abogado constitucionalista “existen argumentos jurídicos, como haber decretado Estado de Emergencia, eventuales violaciones a los derechos humanos durante el Estado de Excepción y que haya dicho que estamos en guerra”, pero que, “no alcanzarían para destituirlo de su cargo”.

Se requiere para acusar constitucionalmente al Presidente la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados (50% más uno) en ejercicio en la Cámara -donde se presenta la acusación- y luego se requieren las dos terceras partes de los senadores en ejercicio si se aprueba favorablemente en la Cámara de Diputados.

Es decir, se necesitan 78 votos en la Cámara Baja de 155 y un total de 29 de 43 senadores en la Cámara Alta, lo que obligaría a que cinco senadores de Chile Vamos apoyaran el documento para sacar del cargo al mandatario.

Además, para Oñate, “la acusación hace que el Congreso ponga su atención en una cuestión que no tendrá mayor efecto en aprobar proyectos que se relacionen con la agenda social”.

Argumento que el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), en conversación con Radio Pauta también utilizó.

“No es el momento, ya que si llegase a concretarse ¿quién conduce? No es el momento. Hoy día lo que necesitamos es un Gobierno que reaccione, que busque la manera de entender lo que le está planteando la comunidad”, aseguró.

¿Y si tiene futuro?

Sin embargo, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución, de prosperar la acusación constitucional -como faltan más de dos años de las próximas elecciones presidenciales- el vicepresidente (ministro del Interior) deberá asumir el cargo hasta el año 2022.

Lo que para Emilio Oñate “produce una suerte de desorden institucional”, pues, “en el caso que el vicepresidente no pueda asumir -por enfermedad, u otras circunstancias- lo hará el presidente del Senado“.

Finalmente, asumió que los parlamentarios están en todo derecho de llevar al Presidente hasta la instancia para que responda a las críticas, pero recordó que “los Presidentes pueden recibir una acusación constitucional hasta seis meses después de que dejan el cargo“.