La crisis económica en Chile revive el viejo fantasma del trabajo infantil

Corrían los años 80 y la crisis económica azotaba con fuerza a los sectores más vulnerables y traía consigo altas cifras de trabajo infantil que alertaban a las autoridades y a las organizaciones sociales que buscaban proteger los derechos de los niños y niñas en Chile.

La realidad actual, de 200 mil menores que deben trabajar, es el resultado de una serie de medidas, avances legislativos y ayuda social que comenzó a desarrollarse cerca de 1979, ante los estragos provocados por la dictadura militar.

El historiador Alejandro Ancalao, doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, relató a EL DÍNAMO que a partir de 1979 el Estado comienza a trabajar con instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), con el fin de demostrar interés en esta problemática social que afectaba a cientos de niños y sus familias.

“La revista Solidaridad en el año ’82 decía que la cesantía en Chile llegaba al 18,4%. Sin embargo, los índices reales señalan que era un 22,8% recién en el primer semestre de ese año. Si te logras imaginar ese desempleo gigantesco, sabes que obviamente va a afectar a los niños”, explica Ancalao.

“El Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) y Programa de Empleo Mínimo (PEM) llevó a las familias a crear estrategias populares para poder salir de la crisis. Eso va a incluir a los niños y a las niñas. Por ejemplo, en los ’80 es común ver a los menores como vendedores en las micros, los carretoneros en las vegas y ferias, recolectores de carbón en algunas zonas del país, etc. Aparte de muchos niños que trabajaban recogiendo frutas y verduras en las ferias”, agregó el experto.

El historiador comenta que incluso fue una realidad que vivió en carne propia, ya que en aquellos años constantemente debía esperar a que concluyeran las ferias libres para recolectar las frutas y verduras que estuviesen en buen estado para llevarlas a su casa y contribuir a la economía familiar.

“Este clima de cesantía va a afectar violentamente a los niños. Una violencia que se da ya que los niños están obligados a trabajar para ayudar a las familias, generalmente de extrema pobreza. Eran niños que no tenían acceso a educación y a otras garantías mínimas que el Estado decía que existían, pero que en realidad no era así”, sostuvo el doctor en Historia.

“El inicio de la protesta nacional, la confrontación directa con la dictadura como una estrategia política va a llevar también a que los niños experimenten no sólo el hambre, el abandono, ni el trabajo infantil, sino que que nuevamente violencia. Un 62,9% de los niños de los sectores vulnerables del Chile de esa época experimentó violencia y además debían trabajar (…) era muy crítica la situación”, relata.

En ese contexto, señala que a partir del 1990 la política de Estado en Chile cambia y ocurren hechos significativos para la protección de los menores de edad y de limitaciones del trabajo infantil, a pesar de que persisten aspectos culturales que naturalizan el hecho de que un niño o niña trabaje.

“En ese año se aprobó la Convención de los Derechos del Niño y se ratificó esta propuesta de la ONU, donde el Estado debía garantizar los procesos de los derechos de los menores, y obviamente el clima de la transición a la democracia va a apoyar esto”, agrega Ancalao.

Según los datos disponibles de la época, que se resumen en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), la cual incluye el tramo entre 12 y 17 años como perteneciente a la fuerza laboral, durante la década de los ’90 la participación de este grupo en la fuerza de trabajo disminuyó de 7,3%, en 1990, a sólo 3,9%, en el año 2000. Esto equivale a 65.000 niños y adolescentes.

En 1996, la mencionada encuesta incorporó preguntas relativas al trabajo infantil en Chile, con la intención de captar su existencia en niños de 6 a 17 años. Ese año, se detectó que 15 mil niños (0,9%) entre 6 y 11 años realizaban trabajos regulares u ocasionales, cifra que ascendía a 32 mil en el segmento entre 12 y 14 (4,2%). Además, se concluyó que 78 mil adolescentes (9,7%) de 15 a 17 años estaban incorporados a la fuerza de trabajo.

Ante esta realidad se comenzaron a tomar diversas medidas en apoyo de estas familias por parte de organizaciones sociales, religiosas y la creación de leyes apuntadas a proteger a los niños y niñas.

Es así como en el 2000 se crea la ley 19.684, la cual regula la incorporación al mercado de trabajo de los niños y adolescentes, decretando que los jóvenes entre 15 y 18 años requieren autorización de sus padres, tutores o de un Inspector del Trabajo para obtener un empleo remunerado.

Asimismo, dicha ley sostiene que los adolescentes de 15 a 16 años requieren certificar estar cumpliendo la escolaridad obligatoria. Además, prohíbe a los menores de edad desempeñarse en trabajos nocturnos, subterráneos, que requieran fuerza excesiva, que sean peligrosos para su salud, seguridad y moralidad, o en lugares que en el que se vendan bebidas alcohólicas.

La realidad actual

El pasado viernes, precisamente en la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, se entregaron los resultados del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil, el que corresponde a un cruce de información basado en registros administrativos que permite una realidad clara a nivel comunal.

Esta herramienta estadística, creada por OIT y CEPAL y se implementó en Chile durante el segundo semestre del año 2019.

Al respecto, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, sostuvo que “como Gobierno hemos presentado recientemente un proyecto de ley que busca actualizar nuestra normativa a los estándares internacionales, aumentando las sanciones y multas para aquellos empleadores que
incurran en infracciones relacionadas al trabajo infantil en Chile”.

“Debemos seguir trabajando y apoyando la empleabilidad de los padres y madres de estos niños que trabajan, ya que está comprobado que cuando dichos padres tienen una fuente de ingresos permanente, la posibilidad de que ese niño o niña caiga en trabajo infantil es menor” agregó el subsecretario.

De acuerdo a lo detallado por la Subsecretaría del Trabajo, de las 365 comunas del país, 81 poseen un alto nivel de vulnerabilidad al trabajo infantil; 63 se encuentran en nivel medio, y 201 poseen vulnerabilidad baja al trabajo infantil.

Además, el análisis logró identificar los factores de riesgo que se busca disminuir, y los factores protectores que habría que potenciar, asociados a la incorporación precoz de niños, niñas y adolescentes el mercado laboral.

En ese sentido, destacan que los factores de riesgo son el retiro de estudiantes de la educación, principalmente en los períodos de cosecha en el campo; la accesibilidad a servicios sociales por componente geográfico, la pobreza multidimensional, el empleo informal en sector agrícola, principalmente en zona rural, y la cosmovisión en comunidades indígenas.

Mientras que los factores que protegen a los niños de no caer en el trabajo infantil son el empleo formal en el sector de la construcción y manufacturera de los adultos a su cargo y potenciar el empleo de las mujeres.

En el proyecto de ley presentado por el Ministerio del Trabajo durante los últimos días se busca proteger los derechos de los niños, actualizando los requisitos para la contratación de los adolescentes, regulando su jornada laboral e implementando multas especiales para el empleador que contrate niños o niñas para la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación, entre otras modificaciones.