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17 de Julio de 2020

Gabriel Silber (DC) pide al Servel investigar a Van Rysselberghe por enviar a diputados a Tribunal Supremo de la UDI

De acuerdo al diputado, la Ley de Partidos Políticos prohíbe expresamente dar órdenes de cómo votar a los parlamentarios.

Por Hernán Claro
Silber Van Rysselberghe servel
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Durante esta mañana, el diputado Gabriel Silber afirmó que presentará ante el Servicio Electoral (Servel) una petición para que el organismo investigue a la timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y al comité político del partido, quienes enviaron al Tribunal Supremo (TS) a sus diputados que votaron a favor del proyecto de retiro del 10% de las AFP.

Según argumentó el parlamentario de la DC, para su petición se basó en la Ley de Partidos Políticos que “prohíbe expresamente las órdenes de partido a los parlamentarios”.

De acuerdo al diputado, “es gravísimo para el sistema democrático que la comisión política de la UDI haya decidido pasar al Tribunal de Disciplina a parlamentarios de la UDI debido a la forma en que votaron, ya que según ellos ‘la aprobación de esa iniciativa legal constituye una falta grave a los deberes militantes, toda vez que lesiona gravemente el proyecto político de la UDI'”.

Qué dice la Ley de Partidos Políticos

Dentro de sus argumentos para presentar la acusación ante el Servel, Gabriel Silber se basó en los artículos 38 y 63 de la Ley de Partidos Políticos.

De acuerdo al artículo 38, “en ningún caso podrán los partidos políticos dar órdenes de votación a sus concejales, consejeros regionales, senadores y diputados ni realizar recomendaciones en los casos en que el Senado esté llamado a obrar como jurado”.

Respecto al artículo 63, en tanto, Silber contó que permitiría iniciar una investigación por parte del Servicio Electoral contra Jacqueline Van Rysselberghe, ya que allí se establece que “las autoridades de un partido político que impartieren alguna orden o recomendación prohibida conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 38, quedarán inhabilitadas, por un término de uno a tres años, para ocupar cargos directivos en partidos políticos”.

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