Gastos improcedentes y dineros mal rendidos: el informe de Contraloría que objetó US$1.350 millones
Dentro de los sectores más auditados destacan las municipalidades, seguido de las obras de infraestructura y el área de la salud.
Un total de US$1.350 millones objetó la Contraloría General de la República respecto a compras realizadas por el Estado, según determinó un informe realizado en base a los datos recopilados durante 2019.
Según el documento, entre las principales debilidades que detectó la Contraloría se encuentran incumplimientos de normas presupuestas por más $835 mil millones, también incumplimientos o modificaciones arbitrarias de contratos, gastos sin respaldo, errores en el manejo de fondos y problemas con la rendición de cuentas.
En total, de las más de 13 mil observaciones, al menos 8 mil (un 58%) fueron catalogadas como de “alta complejidad”, es decir, fueron compras con “irregularidad asociadas a fondos, probidad, pérdida de recursos, eventuales comisión de delitos, afectación grave al patrimonio, graves debilidades de control, entre otros”.
Los sectores más auditados
Respecto a los sectores auditados, en el informe se precisó que fueron 12. Entre ellos se encuentra el área Municipal con 1.743 productos incluidos en la auditoría, seguido de Infraestructura con 541 elementos y luego Salud con 472.
En el caso de la categoría Municipal, las deficiencias detectadas incluyeron las conciliaciones bancarias, déficit de caja, ingresos no cobrados, incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, permisos de circulación mal otorgados y el pago improcedente de remuneraciones.
Para la categoría de Infraestructura se determinaron irregularidades en proyectos de inversión en infraestructura efectuados en el Servicio de Salud Metropolitano Central, ya que, “durante el recuento físico no fueron habidos equipos adquiridos y bajo custodia del citado servicio, por un total de $87.928.680”.
Por último, en relación a la categoría de Salud, el monto objetado es superior a los $48 mil millones, donde sólo en los centros asistenciales de la zona Araucanía Norte fueron cuestionados gastos por $29 mil millones.
Luego, en la Región Metropolitana, se debieron agregar los problemas ocurrido en el Hospital Salvador, donde se firmaron contratos por sobre los $465 millones, lo que sería una infracción a la Ley de Contratos de Suministro y Prestación de Servicios.
