Los trabajadores del Consejo de Defensa del Estado (CDE), agrupados en la Asociación Nacional de Abogados y Funcionarios, dieron a conocer una declaración donde cuestionaron la designación de Alberto Espina como abogado consejero.
Según señalaron los funcionarios, el nombramiento del otrora ministro de Defensa “sepulta la promesa meritocrática” y se desconoce la carrera funcionaria, pero “sobre todo, desatendiendo criterios técnicos en la provisión del cargo”.
Los integrantes del organismo recordaron que en los últimos años las designaciones en altos cargos al interior del CDE han generado polémica y “esta nueva designación deja en entredicho la consideración de razones técnicas para la elección de los miembros del Consejo y da pie a acrecentar las críticas respecto de la conformación de este organismo”.
En el comunicado, dado a conocer por radio Biobío, los trabajadores defendieron el rol eminentemente técnico del Consejo de Defensa del Estado, mostrando su preocupación por la politización del servicio, por lo que los abogados consejeros “deben estar capacitados para asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el Estado y Fisco de Chile”.
En la misma línea, pusieron énfasis en que los abogados consejeros deben cumplir requisitos como una experiencia mínima de 15 años como abogado, y esta experiencia solo se puede alcanzar siendo abogado litigante o académico, “siendo estas competencias indispensables para ostentar el cargo, a fin de asumir ya sea las funciones de litigio o de asesoría técnica de manera seria, competente y desprovista de consideraciones ajenas a lo jurídico, en las modalidades establecidas en la propia Ley Orgánica del CDE”.
Aunque reconocen la facultad del Presidente de la República de designar a los miembros del organismo, calificaron de “cuestionable” que este reciente nombramiento “recaiga en quien fuera recientemente miembro de su equipo político; ello fomenta las aprensiones y reparos de la ciudadanía en orden a que las designaciones se orientan hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos, que es la que esta Institución exige y merece”.
