El drama detrás del no pago de las retenciones del 10% por pensiones alimenticias

Una compleja situación atraviesa Jennifer Rojas, quien espera hace meses que se le pague la retención del 10% de los fondos previsionales de su ex pareja por una deuda que éste mantiene por el no pago del dinero que le corresponde aportar para la crianza de sus hijos.

Sin embargo, Jennifer no es la única ya que cada vez son más las mujeres que han expuesto sus casos por redes sociales o medios de comunicación por las excesivas demoras en el pago de las retenciones por pensiones alimenticias por parte de las AFP.

Incluso, algunas personas han señalado que debido a las fallas del sistema de Trámite Fácil, administrado por el Poder Judicial, ellas quedaron como deudoras. Otros indican que algunas AFP adelantaron el pago de los retiros, provocando que el tribunal no alcanzara a informarles sobre la retención, por lo que los morosos recibieron intacto su 10%.

Tal como lo han señalado desde el mismo Poder Judicial a EL DÍNAMO, la demora se debe a lo improvisado del sistema, sumado a que en la mayoría de las demandas por pensiones de alimentos existen vacíos en la información sobre los pagos, o los no pagos, entre otros conflictos que terminar por demorar el proceso, ya que se debe verificar antecedente por antecedente para llegar a una conclusión y al monto final de la deuda.

Toda situación motivó que un grupo de mujeres afectadas, cuya vocera es Rojas, llegara hasta las afueras de la Superintendencia de Pensiones (SP) para pedirles que exijan a las AFP que liberen en un pronto plazo los montos impagos.

Sin embargo, Jennifer cuenta la no fue como esperaban, ya que al llegar parecían “pelota de ping-pong” debido a que desde ambas les negaban el ingreso. Todo esto provocó un caos en la vía pública, donde las mujeres comenzaron a llamar la atención de los transeúntes con sus demandas, así como también la de los medios de comunicación que se ubicaban para transmitir en vivo la manifestación.

Rojas relató a EL DÍNAMO que luego de algunos minutos los atendió una funcionaria de la superintendencia, quien les habría indicado que le entregaran una lista con sus datos para que ella les agilizara el trámite, lo que a juicio de la vocera no se ajusta a la idea de querer solución rápida para todas, no solo para ellas.

En el lugar también se encontraba la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Camila Áviles, quien aseguró que se ingresará un reclamo en contra de la SP. Tampoco descartó llegar hasta la Corte de Apelaciones para interponer recurso de protección en favor de las mujeres.

Desprotegidas

Jennifer cuenta que hace ocho años se separó de hecho con quien es el padre de sus dos hijos menores, pero hace cuatro decidió demandarlo para que éste la apoyara económicamente con los gastos de los menores, pero el hombre nunca cumplió con la fecha ni monto de los pagos.

De acuerdo a lo determinado por el tribunal, la ex pareja de Jennifer debería depositar mensualmente $198.000, sin embargo Rojas explica que nunca ha hecho más de cuatro depósitos anuales. “Nunca me ha dado ese dinero. Lo demandé hace cuatro años y me debe tres millones y medio de pesos”, agregó.

Rojas estudió Prevención de Riesgos y trabajó por algunos años en una minera, por lo que su sueldo le permitía mantenerse estable económicamente, pero tuvo que renunciar a su trabajo en 2016, cuando su hijo más pequeño ingresó a kinder con media jornada, ya que no tenía quien cuidara de él durante la tarde.

“Es una regla constante. Él burla sistema. No trabaja con contrato, hace muebles y no da boleta (…) él ante la ley es ultra pobre”, comenta Jennifer, agregando que al momento en que ella le cobra el dinero, también “existe un maltrato de por medio, porque si yo no tengo para alimentar a mis hijos su solución es llevárselos porque él los puede alimentar”.

La mujer cuenta que ha intentado usar todas las vías legales que le ofrece el sistema para poder presionarlo y que pague. Es así como logró que le suspendieran la licencia de conducir y que le impusieran la medida cautelar de arraigo nacional. Además de pedir en reiteradas ocasiones órdenes de detención, las que jamás han llegado a concretarse.

“La última vez que pedí la orden de arresto fue hace tres meses y el juez me dijo que no, porque estábamos en pandemia. Entonces uno se siente desprotegida, y más encima ellos (los deudores) creen que porque hiciste el trámite para las retenciones del 10% no tienen que seguir pagando las pensiones alimenticias durante los meses que se demore el proceso”, lamentó.

La mujer adelantó que están coordinándose para iniciar una organización formal que agrupe a todas aquellas personas que pasan por estas situaciones.

“Esto no es algo que solo me pase a mi, le pasa a muchas mujeres (…) vamos a comenzar a realizar movimientos sociales y todo ese tema, porque para nosotros es importante que haya modificaciones en las leyes que regulan las pensiones de alimentos. No puede ser que se rían así de nuestros hijos”, concluyó.