Caso FAM: fiscal de Aysén busca formalizar a 800 funcionarios en retiro y activos del Ejército
El Ministerio Público se encuentra indagando los delitos cometidos desde que el Ejército anuló el sistema de ayuda informal.
El dinero sustraído se utilizó para pagar cuentas particulares de los imputados. Foto: Agencia Uno.
La Fiscalía Regional de Aysén reunió los antecedentes para formalizar a cerca de 800 militares activos y retirados acusados por el caso FAM, un fraude cometido dentro del Ejército y que alcanzó los 3.000 millones de dólares.
De acuerdo a lo detallado por la Policía de Investigaciones (PDI) y el persecutor a cargo de la causa, Carlos Palma, el ilícito que habría sido cometido por los uniformados comenzó a ser investigado en 2018, recolectando datos que permitieron esclarecer que los fondos públicos fueron utilizados para pagar cuentas personales de los imputados, según lo expuesto por El Mercurio.
El fiscal ya ha formalizado a otros 300 militares de los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago.
Palma explicó que el ilícito se cometió por medio de los contratos a honorarios o pago de sueldos a personal que ya estaba retirado, además de comisiones de servicios que no se llevaron a cabo, pero sí hubo un pago compensatorio por pérdidas económicas individuales, todo esto bajo la figura del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).
El FAM correspondía a un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.
Según lo detallado por el persecutor, luego de que se anulara el FAM comenzaron a entregarse las compensaciones, que en primera instancia se realizaron acorde a la ley, pero posteriormente “las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, sostuvo Palma en declaraciones recogidas por Radio Las Nieves.
Los involucrados, dependiendo del monto y reiteración del fraude, arriesgan penas que pueden superar los cinco años y un día de presidio.
