Por qué el proyecto Dominga es rechazado por organizaciones ambientales
Los opositores han señalado que la iniciativa minera impactará la rica biodiversidad de la zona costera de la región de Coquimbo, conocida por recibir especies como el Pingüino de Humboldt.
Este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero y portuario Dominga, el que generó un rechazo rotundo de parte de varias organizaciones ambientales.
La iniciativa busca instalarse en la comuna de La Higuera y consiste en la construcción de una mina y del puerto Cruz Grande en la zona costera. Tendría una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, y supondría una inversión de US$2.500 millones.
Durante el año 2017 el proyecto fue desestimado tanto por la Coeva de la región como por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, debido a los riesgos que implicaba para la flora y fauna de la zona. La empresa Andes Iron presentó diversas acciones judiciales y logró que el Primer Tribunal Ambiental anulara esta resolución, llevando todo a una nueva votación.
Las comunidades locales están divididas sobre los beneficios laborales que tendría la instalación de la minera, aunque un grupo importante de habitantes de la zona, quienes son apoyados por varias entidades, han mostrado su férreo rechazo con diversas movilizaciones.
La biodiversidad en Dominga
Una de las principales razones de los opositores del proyecto se centra en la rica biodiversidad de la zona costera de La Higuera.
En abril de 2018, la Fundación internacional Mission Blue declaró como “lugar de esperanza” al Archipiélago de Humboldt, que consta de ocho islas e islotes. En el lugar es posible encontrar el 80% de la nidificación del pingüino de Humboldt, varias especies de aves marinas, colonias de lobos de mar, chungungos, delfines, orcas y grandes ballenas.
Sylvia Earle, oceanógrafa y directora de la fundación, indicó que “durante los últimos 50 años he explorado los ecosistemas oceánicos alrededor del mundo y lo que se puede ver en el Archipiélago Humboldt es realmente extraordinario”.
La postura de los movimientos ambientalistas
Andes Iron busca instalar una mina y un puerto en la zona. Desde la empresa han asegurado que el proyecto está distanciado de la reserva natural, planteando que se ocuparán espacios que ya se encuentran intervenidos.
En 2017, antes que se rechazara por primera vez el proyecto, un grupo de 41 científicos publicó una carta donde aseguraron que tanto la actividad portuaria como minera son “incompatibles con la biodiversidad marina”.
“La corriente de Humboldt, que fluye de sur a norte, arrastrará y llevará consigo los contaminantes de diversa índole que se producirán en las actividades mineras y portuarias”, aseguraron los expertos, que son respaldados por la ONG Oceana.
Alianza Humboldt ha sido una de las principales organizaciones de rechazo a Dominga. Está formada por las organizaciones internacionales y nacionales Oceana, Greenpeace, Sea Shepherd, Chao Pescao, Fundación Terram, Chile Sustentable, FIMA, Geute, Ecosistemas, Ayni, Chinchimén, Fundación Relaves, Panthalassa y Codesa, junto a agrupaciones de la zona en conflicto coordinadas a través de Alianza Humboldt Coquimbo-Atacama, y de la cual ya son parte Defensa Ambiental IV Región, MODEMA y Sphenisco, junto a otras 35 asociaciones regionales.
Según ellos, la mina generaría daños en varios aspectos, como el impacto lumínico y sonoro por el transporte de megabuques en la zona, los que podrían colisionar con los cetáceos que llegan a la costa. También apuntan a la posible afectación de los nidos de los pingüinos y del resto de las aves marinas.
Los caminos pendientes
El rechazo generado por el proyecto minero Dominga llevó a los ambientalistas a recurrir a la justicia. En mayo de este año, pescadores y la comunidad recibió el respaldo de ONG FIMA para presentar recursos de casación en la Corte Suprema, los que siguen en trámite pese a la reciente aprobación de la Coeva.
Además, aún quedan pasos pendientes para la luz verde definitiva del proyecto como el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental, donde se pueden presentar nuevas reclamaciones.