Informe de Derechos Humanos UDP apunta a “lentitud” de la justicia en casos del estallido social

Este lunes se dio a conocer una nueva versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, el que fue desarrollado por académicos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), el que evaluó el actuar del Estado en diferentes áreas durante el último año, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, considerando temas como el estallido social y la pandemia de COVID-19.

La versión número 19 del reporte manifestó su preocupación por la situación de nuestro país en la materia, consignado “el pobre avance en la investigación, juzgamiento y reparación a distintas violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas desde el estallido social de octubre de 2019“.

El análisis profundizó en los efectos de la crisis sanitaria, señalando que incrementó la situación de vulnerabilidad en todo el mundo, golpeando con particular fuerza a la infancia, ya sea por la pobreza multidimensional que sufren niños, niñas y adolescentes, como por los obstáculos para acceder a la educación. También trajo una mayor carga laboral para las mujeres, tanto por las tareas de cuidado como por la implementación del teletrabajo, y las expuso a una mayor situación de vulnerabilidad.

“La crisis sanitaria sobreexpuso a las víctimas a más violencia de género producto del confinamiento y, si bien hubo más llamadas a los teléfonos de emergencia, ello no se tradujo en más denuncias en tribunales”, señalaron los autores del informe, que agregaron otros elementos como la falta de acceso a la justicia y el deterioro de las condiciones laborales.

En materia del estallido social, el informe UDP afirmó que “a dos años, los resultados en materia de juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos son muy desalentadores (…) la justicia no sólo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social“.

“Lo que se observa es una lentitud e inoperancia del Ministerio Público por falta de liderazgo en este terreno“, señaló el documento, añadiendo que “esto implica que no se ha logrado dimensionar adecuadamente la obligación que pesa sobre la institución en lo referido al deber de debida diligencia en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos (…) Es posible que la evidencia ya no exista, que no sea viable identificar a todas las víctimas, que estas vean con suspicacia el trabajo del Ministerio Público y que algunas de ellas no deseen seguir adelante”.

Los académicos también cuestionaron el prolongado uso de la prisión preventiva de los detenidos durante las protestas. “No sólo afecta en términos individuales el principio de inocencia de personas privadas de libertad sin que se haya dictado condena, sino que, además, desde una perspectiva general, su amplio uso genera un efecto de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta social”, agregaron.

Por la Convención Constitucional, el trabajo académico resaltó su labor “para la reconstrucción democrática y solución a la crisis política, social, económica e institucional”, aunque alertó por las aún bajas cifras de participación electoral, tanto en el plebiscito como en la elección de los convencionales.

Además, el informe UDP criticó la lógica de “invasión” instalada en torno al ingreso masivo de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, especialmente desde Venezuela. Según el documento, la pandemia agudizó la crisis “por la débil y desestructurada respuesta que ha dado el Gobierno de Chile en las ciudades y pueblos ubicados en la frontera norte”.