ACES dijo que entregará sede del INDH a asociación de funcionarios de defensores de DD.HH.
Los estudiantes secundarios pidieron considerar su petitorio, teniendo en cuenta que el plazo para el desalojo del recinto vencerá el miércoles.
El recinto lleva ocho meses tomado por los estudiantes secundarios. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) señaló este lunes que entregará la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Los estudiantes secundarios -que llevan más de ocho meses ocupando el edificio de la avenida Eliodoro Yáñez-, reaccionaron luego que el director del organismo, Sergio Micco, solicitara oficialmente el desalojo a la delegación presidencial de la Región Metropolitana para este miércoles.
En un comunicado, los integrantes de la toma “este miércoles 23 de marzo se cumple el plazo máximo para sacarnos del espacio y, para evitar un escenario que expone a los sobrevivientes y familiares, decidimos tender puentes fuera de las instancias formales del instituto, comprendiendo que las intenciones de Micco y su directorio son perseguir judicialmente, amenazando y revictimizando a los integrantes de la toma”.
“Parte fundamental de estas conversaciones han sido con la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, quienes desde un principio estuvieron junto a las víctimas y sus familias, y que se han preocupado de ellos y de quienes hemos estado en la toma, demostrando en la práctica su profundo compromiso con los derechos humanos y la reparación”, añadieron.
En el texto, los secundarios instaron al Gobierno a “cumplir sus compromisos en materia de DD.HH. y escuchar las demandas de las víctimas y sus familias, considerando el petitorio de la toma ex INDH y que por ende podamos acceder a la propuesta de los y las trabajadoras, haciendo entrega del edificio para dejarlo en manos de la asociación”.
Los estudiantes, junto a otros grupos de víctimas de trauma ocular, se tomaron el edificio del organismo acusando “la inexistencia de una política de reparación integral para los sobrevivientes de la violencia estatal” durante el estallido social de 2019.
