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2 de Junio de 2022

SACFI investiga estafa piramidal KnightsBridge: involucraría a funcionarios de Carabineros y otros uniformados

En lo que va de la investigación, SACFI Occidente estima que el perjuicio se proyecta en 3.000 millones de pesos, con cerca de 300 denuncias ya recibidas.

Por Cristián Meza
Hoy se investiga si habría funcionarios de Carabineros u otras instituciones armas vinculados como víctimas o “captadores”. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Sergio Soto Yáñez, fue designado por el Fiscalía Regional Occidente para investigar la presunta estafa piramidal denominada “Knightsbridge”, que habría afectado a miles de personas en distintas regiones del país.

El 13 de mayo pasado, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigacioness (PDI) informó al Ministerio Público sobre la recepción de una serie de denuncias en la Región Metropolitana. Siguieron otras en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, San Antonio, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, por el delito de estafa del tipo piramidal, en la que se encuentra involucrada una plataforma en internet o aplicación denominada KnightsBridge.

En la plataforma se ofrecían diversos tipos de productos, cuyo costo debía ser financiado por la víctima, efectuando transferencias a cuentas corrientes de bancos nacionales, bajo la promesa de que el producto sería comercializado por la misma plataforma, en el extranjero y que la persona que “invirtiera”, recibiría la devolución de impuestos.

En lo que va de la investigación, SACFI Occidente estima que el perjuicio se proyecta en 3.000 millones de pesos, con cerca de 300 denuncias ya recibidas. También fueron detectadas cuentas para la recolección del dinero de las víctimas. Una de las figuras clave dentro del entramado de la estafa piramidal, eran los “captadores”, quienes trabajaban por comisión o incluso remuneración.  Hoy se investiga si habría funcionarios de Carabineros u otras instituciones armadas vinculados como víctimas o “captadores”.

El fiscal Soto indicó que, hasta el momento se ha podido identificar más de una treintena de cuentas corrientes (que corresponden a empresas de un giro comercial distinto a la de las inversiones propiamente tal) y, a priori se considera que el número de víctimas puede ser superior a las tres mil.

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