CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social

Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que el organismo no considera que existan presos políticos tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

El funcionario internacional, que visitó Santiago hace algunos días, analizó el tema cuatro meses después que se publicara un informe que detallaba las violaciones a los derechos humanos ocurridas en medio de las protestas.

En declaraciones al diario El País, Hernández fue consultado directamente sobre la existencia de presos políticos de la revuelta, tema que ha sido debatido en medio del trámite del proyecto de indulto o amnistía, que no ha logrado avanzar en el Congreso debido a la falta de consenso.

“La palabra presos políticos tiene una connotación específica: son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal”, señaló.

El comisionado explicó además que “aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar”.

En ese sentido, el relator enfatizó que “la CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social”.

Sobre el proyecto de indulto, el representante de la comisión comentó que “esa es una potestad del Estado, la de hacer valer leyes que permitan la liberación anticipada de las personas privadas de libertad”.

“No conozco los detalles de la ley para decir de manera absoluta que debe de continuar en ese camino. Mi comentario general es avanzar a una política que reduzca el número de personas en prisión y que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican”, añadió.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos, el comisionado dio cuenta de la necesidad de avanzar en una reforma a la policía y en la reparación a los afectados, ya que a su juicio “no ha habido un proceso integral por parte del Estado para la identificación y la atención de las víctimas”.