“Es inaceptable”: Boric reaccionó a error que dejó al Gobierno fuera del caso Huracán

El presidente Gabriel Boric calificó de “inaceptable” el error cometido por la División Jurídica del Ministerio del Interior, que dejó fuera al Gobierno de la causa por el caso Huracán, en una determinación que fue confirmada este jueves por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó la cartera en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco, que tuvo por no presentada la acusación particular de la apelante.

Según Radio Bío Bío, la exclusión se concretó luego que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal que había en su acusación. De acuerdo a la emisora se trata del mismo profesional que fue desvinculado del Gobierno tras quedarse dormido y no asistir a una audiencia en donde debía presentar la querella en contra de los imputados por el asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides.

El mandatario abordó la situación y tras participar de la asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) en Viña del Mar, señaló que “la instrucción desde Presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos. Vamos a agotar todas las instancias jurídicas, entiendo que hay posibilidad de apelación”.

“Las características de este error -desde mi punto de vista- son inaceptables y tiene que haber responsabilidades. Voy a conversar con la ministra. Entiendo que es anterior, es algo que venía hace tiempo, pero van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a duda”, complementó.

El jefe de Estado explicó que “lo voy a conversar con la ministra (Izkia Siches) para evaluar dónde se cometió ese error. Entiendo que fue anterior, que es algo que venía hace un tiempo. Y van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.

La causa tiene su origen en 2017 e involucra a 11 personas, quienes fueron acusadas por asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público debido a la eventual manipulación de pruebas que incriminaban a comuneros mapuches en graves hechos de violencia.