Expertos analizan alcances de la propuesta de nueva Constitución en seguridad ciudadana

Las estadísticas del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros sobre los delitos en Chile dejan en evidencia algunas tendencias al comparar 2021 y 2022: mientras por un lado se evidencia un aumento en la concreción de ilícitos de un 51% entre ambos años, también se registran variaciones de alzas y bajas al observar el detalle mes a mes de 2022.

Pese a que este importante aumento en las estadísticas debe ser analizada bajo el contexto de pandemia, tomando en cuenta las medidas de restricciones de movilidad del año pasado, el tema seguridad se apoderó de la agenda política y también de la discusión sobre la propuesta de nueva Constitución de cara al plebiscito de este 4 de septiembre.

En ese contexto, expertos de la Universidad de Chile abordaron esta problemática desde una perspectiva integral y analizaron bajo esa lógica las propuestas de la Convención sobre la materia. A juicio de los especialistas, la nueva Constitución apuesta “por un abordaje amplio” en materia de seguridad ciudadana. En primer lugar, explican, se pone el foco en la prevención, destacando el artículo 53 que menciona el “Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia”. Reforzando que es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios.

Los orígenes y causas de la delincuencia

De esta forma, la académica de la Facultad de Derecho y experta en Policías y Control de Orden Urbano, Paz Irarrázaval, asegura que la delincuencia tiene orígenes estructurales de desigualdad y exclusión de ciertos grupos sociales. “La propuesta de nueva Constitución es un avance, porque tiene un enfoque integral, poniendo énfasis en las acciones de prevención y reinserción, además aborda delitos que no siempre fueron prioritarios como la violencia de género y la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. También hay una desmilitarización de las policías, que permite una forma distinta de cumplir su rol”.

Irarrázaval refuerza que “la Constitución de 1980 no se refiere a la seguridad ciudadana, sólo regula a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que existen para dar eficacia al derecho y garantizar seguridad pública interior”. En la propuesta de nueva Carta Magna, compara, se pone énfasis en la importancia de las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas.

En esta línea, los expertos de la Universidad de Chile concuerdan que el fenómeno de la delincuencia y la percepción del temor tienen que ser abordados desde distintas aristas, saliendo del aspecto meramente punitivo.

Para la académica del departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carolina González, lo relevante es poder salir de la lógica de control y castigo como modelo para erradicar la delincuencia. “Si bien la criminología, como también algunos movimientos sociales, han cuestionado las posturas de control, castigo y represión, llena de sesgos de clase, género y raza; lo concreto es que impera lo que algunos autores llaman la ‘razón punitiva de forma estructural’, por lo que es relevante incorporar otro tipo de enfoque para abordar el fenómeno social”.

En esa línea, el académico del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno, Diego Piñol, apunta a que esta temática tiene años de evidencia y cuenta con una receta que combina la prevención desde distintas aristas porque “es necesario la prevención integral, el Estado tiene diversas reparticiones, en donde se debe trabajar de manera integrada y colaborativa con los aparatos estatales. Desde los municipios, ejecutando la política pública desde lo local”.

La académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno, Olga Espinoza, reforzó que el Estado es un actor fundamental para abordar las preocupaciones ciudadanas en torno al aumento de la sensación de inseguridad, puesto que “se requieren múltiples acciones para abordarlos ya que son complejos, como el fortalecimiento de las instituciones que están en trabajo del control del delito, y también deben tener más protagonismo, acciones de prevención como la prevención de la violencia intrafamiliar, el bullying en colegios y espacios públicos que involucren a la comunidad”.