“El artículo 4 de la Ley Antiterrorista además permite la rebaja de penas que, en el caso de que alguien colabore, vamos a tener penas bastante similares a las que establece el Código Penal… La decisión del Gobierno es de eficacia jurídica, porque lo que queremos es que las personas sean sancionadas. Estas condenas tipificadas en el Código penal son suficientemente altas para desbaratar y sancionar de manera justa a quiénes hoy día lamentablemente cometen delitos que consideramos grave”.
Con esas palabras, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve explicó por qué el Gobierno no se querelló apelando a la Ley Antiterrorista contra los responsables del ataque incendiario sobre el molino Grollmus de Contulmo. Ese incendio intencional del 29 de agosto dejó al propietario del recinto, quien sigue hospitalizado hasta este jueves, con graves problemas cardíacos y una pierna amputada.
En ese contexto, el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, insistió en que debería aplicarse la Ley Antiterrorista y el 2 de septiembre comenzó a presionar para castigar este hecho donde, además del dueño, terminaron heridas otras dos personas.
“Si esto que ocurrió no es un delito terrorista, entonces nuestro Parlamento tiene que modificar la legislación. Este hecho tan aciago es posible encuadrarlo en la ley 18.314 y debe ser catalogado como terrorista”, había dicho el abogado de la gobernación, Marcelo Villena.
Y así fue. Durante esta jornada se confirmó que fue declarada admisible la querella presentada por Díaz, en un recurso legal que, a diferencia de la presentada por la administración de Gabriel Boric, contiene elementos que persiguen el terrorismo y a la organización Resistencia Mapuche Lavquenche que se adjudicó el ataque.
“Suelten a Llaitul, vamos a seguir igual, esto no va a parar”, son algunas de las amenazas y frases que los afectados recuerdan de este hecho que ha movilizado a la Subsecretaría del Interior y las autoridades locales.
