Mientras se dilata el proyecto de amnistía, tribunales resuelve últimos casos de prisión preventiva del estallido

Fue una semana especial para el Gobierno y para el presidente de la República, Gabriel Boric. Por primera vez enfrentarían el aniversario del estallido social como autoridades en el Palacio de La Moneda. Partidarios de cambios, de salir a la calle a expresarse y, algunos, de mantener la categoría de presos políticos a los detenidos en el marco de este proceso, ahora debieron preparar al país como oficialismo para anticipar nuevos hechos de violencia en torno a la conmemoración de un nuevo 18 de octubre.

En materia policial y de seguridad, el Ministerio del Interior detalló cómo serían los operativos para cuidar a la ciudadanía y capturar a los que cometieran ilícitos. En lo estrictamente político, las polémicas que enfrentaron el mandatario y sus colaboradores tuvieron que ver, especialmente, con el discurso donde apuntaron a abusos sexuales cometidos por Carabineros y con la explicación de cómo enfrentarán el compromiso que asumieron en la campaña presidencial para “indultar” a los denominados “presos de la revuelta”. 

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, dejó en claro el panorama de una moción que nació como indulto y que ahora pretende amnistía. “Por el momento no daremos suma urgencia, pero lo estaremos evaluando. Hay una discusión en el Congreso que no ha tenido los resultados esperados”, dijo la vocera. Estas frases indignaron a la senadora Fabiola Campillai, quien mantiene su postura de ejercer acciones para dejar en libertad a los detenidos y condenados del estallido social.

Para concretar este compromiso de Boric antes de asumir, el escenario no se ve fácil, porque las condiciones no son las mismas que antaño. La delincuencia y la seguridad en las calles se han tomado la agenda por lo que la libertad de los presos podría ser contraproducente. Además, para ser aprobada esta ley se necesitan votos de la oposición y otros de centro derecha que por ahora son inexistentes según las cuentas que sacan en La Moneda. Pero no es el único problema. 

Números que no coinciden

A este escenario político desfavorable se suma que existe una dispersión de datos respecto a quienes fueron condenados por delitos en el estallido social. 

Desde la Defensoría Nacional aseguran que “es muy difícil constatarlo al no representarlos a todos y al haber cambios de abogados con el paso del tiempo”, mientras que la agrupación de familiares entrega números al mezclar causas que hasta podrían ser recientes. 

Gendarmería tiene sus planillas y se debe realizar el ejercicio de cruzar los datos para saber en qué etapa se encuentran los procesos judiciales.

“Hay diferencias entre los diferentes organismos del Estado. Siempre fue pertinente que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia convocaran a una mesa de trabajo con todos los actores implicados en este problema. Había que ponerse de acuerdo en el número oficial de detenidos en el estallido y en los delitos que iban a ser estipulados para esta causa. Pero mientras no se haga de manera rigurosa, todavía tendremos inconvenientes para tener el catastro oficial”, expresa el abogado Hugo Gutiérrez Gálvez. 

El número de detenidos y los últimos condenados

Según los datos de Gendarmería, por delitos cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021, 211 personas se encontraban en prisión al momento en que asumió Gabriel Boric como presidente (11 de marzo de 2022). De ellas, 144 estaban en prisión preventiva y 67 ya habían conocido su sentencia. 

Días antes del tercer aniversario del 18-O, se activaron los últimos procesos que aún mantenían en la cárcel a cinco hombres con la medida cautelar. 

De acuerdo a la investigación que realizó EL DÍNAMO, dos de estos imputados pasaron más tiempo en la cárcel de la condena que recibieron. 

Con fecha 28 de septiembre de 2022, Carlos Silva y Paulo Parra fueron condenados a una pena de 541 días por robo en lugar no habitado. El 30 de marzo de 2021, estas dos personas fueron parte de una turba que ingresó a una distribuidora de carne para robar diversos productos en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana. 

“La pena corporal impuesta a los acusados se tiene por cumplida, con el mayor tiempo que han permanecido privados de libertad con motivo de esta causa”, reza el fallo. Así su tiempo en prisión fue de 547 días, prácticamente una semana más de lo establecido por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago. 

En este hecho también estuvo implicada una tercera persona, Guillermo Cuevas. Sobre su proceso, en el Poder Judicial se puede leer lo siguiente: “Se aumenta plazo de investigación en 30 días. A solicitud de la defensa se deja sin efecto audiencia de procedimiento abreviado fijada para el día 27 de septiembre de 2022”. 

En paralelo a estas causas, otro ciudadano se mantiene en prisión preventiva al ser formalizado por un herir de bala en un brazo a un carabinero después de quitarle su arma el 30 de enero de 2020. Por participar de esta manera en un saqueo a una tienda de repuestos en Quilicura, Jonathan Utreras recién conocerá su sentencia al mediodía del sábado 29 de octubre por “maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones graves” y por “lesiones menos graves”, según indica la resolución del Segunda Tribunal de Juicio Oral de Santiago. 

Un quinto implicado en hechos delictuales es César Saavedra, quien fue apresado el 24 de febrero de 2020 por participar en acciones que terminaron con la estación de metro Del Sol vandalizada el 19 de octubre de 2019 en Maipú. 

Esta persona fue identificada por un brazelete electrónico que portaba en la época al mantener una causa por tráfico de drogas. Al momento de su detención, en su domicilio encontraron una escopeta, cartuchos, marihuana, cocaína y una balanza. 

El 7 de octubre se firmó su sentencia. “Cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas”, “tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por porte de arma prohibida” y “una multa a beneficio fiscal de 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)” fueron sus condenas según estableció el Segunda Tribunal de Juicio Oral de Santiago.