Diputados activan gestiones internacionales para disminuir el crecimiento de los campamentos
Desde la Comisión de Desarrollo Social emanó una carta hacia la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo para solicitar ayuda y enfrentar la problemática que ha recrudecido desde 2019.
Desde 2019 se han levantado 355 nuevos campamentos en Chile AGENCIA UNO/ARCHIVO
El último informe confeccionado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrojó resultados preocupantes en cuanto a los campamentos que siguen creciendo en el país (1.091).
Cerca de 72 mil hogares viven en esta condición, de los cuales la mayoría estás instalados en la regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío. Desde 2019, de hecho, se han levantado 355 nuevas tomas.
Sólo un 34% de estas familias tiene acceso a servicios básicos y un 39%, por ejemplo, puede acceder al agua potable mediante “pinchazos” a la red pública. Otro 31% depende exclusivamente del reparto de camiones aljibes, por lo que cualquier emergencia en el traslado podría dejarlos sin abastecimiento.
En ese contexto, en la Cámara de Diputados activaron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al propio BID.
“Estamos en una situación sin precedentes y debemos buscar asesoría internacional, porque parecería que nos está superando y que se agrava con los años a medida que también empeoran las condiciones económicas. El aumento de la pobreza, las alzas en los arriendos, la poca disponibilidad de ingresos, los altos costos de las viviendas y las personas migrantes que después de tres años en Chile no pueden acceder a una residencia digna son las causas del crecimiento de los campamentos”, dijo la diputada de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales (RN).
La parlamentaria de la Región de O’Higgins envió una misiva a estos organismos para coordinar planes que permiten rebajar estas cifras que se han incrementado en los últimos años por la estabilidad económica que generaron el Estallido Social y la pandemia del COVID-19.
“Vivir en tal contexto, impide la seguridad jurídica de la tenencia de un hogar. Además, impide la disponibilidad de servicios básicos mínimos, materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad económica, una localización adecuada y una adecuación cultural. Estos son parámetros que la ONU ha establecidos como ejes principales para la vivienda adecuada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Generales, el cual fue ratificado por el Estado en 1972”, agregó Morales.
