Desalojan por ocupación ilegal a ex seremi que vivió en propiedad fiscal por 50 años
La propiedad había sido ocupada desde 1973 por Manuel Miranda, quien ejerció como seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entre 1992 y 1994.
La propiedad durante el desalojo concretado por las autoridades. MIN. BIENES NACIONALES
El Ministerio de Bienes Nacionales confirmó durante este martes el desalojo de una propiedad de la comuna de La Reina, que era ocupada desde hace 50 años por una pareja de adultos mayores, uno de ellos ex seremi de la misma cartera.
En un comunicado, la cartera informó que se procedió al desalojo de las personas en cumplimiento de una resolución de los Tribunales de Justicia, que determinaron que los habitantes del lugar eran “ocupantes ilegales”, ordenando la restitución del inmueble el 10 de agosto de 2021.
“Tras numerosas conversaciones con los ocupantes y su familia, se han otorgado sucesivas prórrogas para la restitución voluntaria del inmueble. La última, el 4 de julio del presente año 2022, ocasión en la que se comprometieron a abandonarlo en un plazo de 30 días, lo que no ocurrió”, señaló.
La autoridad detalló que el inmueble del fisco, del 833 metros cuadrados, cuenta con un avalúo fiscal de $230 millones. Los ocupantes residen en el lugar desde el año 1973, habitando de manera gratuita en gran parte de las últimas cuatro décadas.
El ex seremi ocupante
El matrimonio desalojado fue identificado como Manuel Miranda y María Teresita Araya. El hombre tiene pasado como funcionario público, ya que fue seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana entre 1992 y 1994, durante el gobierno de Patricio Aylwin.
De acuerdo a los antecedentes entregados por las actuales autoridades, Miranda arrendó la casa fiscal hasta 1980. Tres años después el Estado le otorgó la posibilidad de compra del inmueble, la que nunca se concretó. De esta manera la pareja siguió viviendo gratis hasta 1991, cuando se realizó un nuevo contrato de arriendo, que fue firmado por la mujer. Dicho pacto fue pagado solo hasta 1992 y una década después se fijó un convenio para saldar las deudas, el que se extendió solo hasta 2004.
En 2005 la disputa entre el matrimonio y el Estado se judicializó, con varias sentencias favorables al fisco, las que han sido apelada por los ocupantes ilegales.
Bienes Nacionales explicó que la pareja de adultos mayores “se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad”, precisando que organismos competentes verificaron que cuentan con recursos, además de una red familiar y social para respaldarlos.
