CPC reitera que ley que sanciona delitos económicos y medioambientales “vulnera derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y el debido proceso”
Esto luego de que el Tirbunal Constitucional diera luz verde a la normativa, la cual quedó lista para ser promulgada y entrar en vigencia en los mismos términos en que fue despachada desde el Congreso.
La Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, expresó a través de un comunicado su descontento ante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional tras el control preventivo de constitucionalidad respecto del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente.
En él declararon que “condenamos tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública”.
“Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”, indicaron.
Esto argumentando que el 10 de julio pasado, presentaron al Tribunal Constitucional un “Téngase Presente”, porque si bien comparten el objetivo del proyecto de ley, insistieron en que “no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.
Por lo que señalaron que esperan que, luego de que se promulgue la ley, se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros.
“En la CPC nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”, concluyeron.