Delitos “de cuello y corbata”: ley que endurece sanciones recibió luz verde del TC

El Tribunal Constitucional (TC) descartó que existan “vicios de inconstitucionalidad” en el proyecto de ley que sanciona delitos económicos y medioambientales, por lo que la normativa quedó lista para ser promulgada y entrar en vigencia en los mismos términos en que fue despachada desde el Congreso.

Seis de los ministros declararon la constitucionalidad de la ley, considerando que las universidades estatales no estaban incluidas en la norma que sanciona con la disolución, mientras que otros dos magistrados la consideraron inconstitucional.

La iniciativa, aprobada el 15 de mayo en el Congreso, regula una serie de delitos vinculados a la actividad empresarial. En definitiva, se establecen cuatro grandes categorías que corresponden a los denominados delitos económicos, conocidos también como “de cuello y corbata“.

Así es la ley que endurece las penas a los delitos “de cuello y corbata”

La ley crea la figura de la explotación laboral de los trabajadores. También incluye nuevos delitos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Además, establece nuevas penas y sanciones, además de fortalecer las ya existentes, para que los condenados cumplan efectivamente con penas de cárcel.

El último punto tiene que ver con el aumento de los delitos por los cuales las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente.

La iniciativa agrega otros aspectos, como la existencia de canales seguros de denuncia, la capacitación de los colaboradores y la realización de evaluaciones periódicas por parte de entidades independientes.

El “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional

La semana pasada la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) apuntó un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional, con el propósito de modificar el proyecto de ley que aprobó el Congreso.

La entidad criticó la norma y la acusó de “seleccionar a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general“.

“La iniciativa crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”, argumentó en su momento el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

Los argumentos presentados por la CPC los respaldó la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la que planteó que “la ley agrega un grupo de figuras delictivas difusas“.

El Gobierno, en tanto, consideró “preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país, en el marco de la separación del dinero y la política”.

La defensa del PS y el PC

Por su parte, la bancada del Partido Socialista (PS) también recurrió al TC, al que presentó mayores argumentos sobre las normas. A ellos se sumaron parlamentarios del Partido Comunista (PC), quienes también presentaron un recurso para defender la ley, tras el documento presentado por la CPC.

La senadora Claudia Pascual (PC) indicó que “nos parece importante defender una ley que termina con la impunidad en esta materia“, mientras que el senador Daniel Núñez sostuvo que “hay que aumentar las penas y hacer efectiva la cárcel cuando se cometen actos tan graves como la colusión, el fraude al fisco, la defraudación en el pago de impuestos”.

De esta manera, una vez que el TC informe el fallo al Congreso, a la Contraloría General de la República y al Ejecutivo, la ley quedó lista para ser despachada.