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PDI investiga robo de computadores desde la Corporación de Asistencia Judicial de San Ramón

Autoridades confirmaron que los computadores robados contenían “información confidencial y datos sensibles”.

Un nuevo robo de computadores desde una una institución estatal se encuentra investigando la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras la denuncia por la sustracción de dos de estos aparatos desde la Corporación de Asistencia Judicial de San Ramón.

De acuerdo con la información que se ha entrado hasta el momento, el delito se produjo durante horas de la noche de este martes en las dependencias ubicadas en la calle Rivadavia. El ilícito solamente fue detectado en horas de la mañana, cuando sonó la alarma de la institución.

En el robo registrado en San Ramón, los delincuentes se llevaron dos computadores, que fueron avaluados en un millón de pesos en conjunto.

Según la repartición, dichos aparatos contenían información confidencial de causas judiciales que lleva la Corporación de Asistencia Judicial.

Hay información sensible en los computadores

El ministro de Justicia, Luis Cordero, ratificó que en los computadores robados “hay información, datos sensibles, datos personales de las personas que son atendidas“.

u0022Es un incidente de atentado contra la propiedad, como han existido otrosu0022, resumió el secretario de Estado.

Los efectivos de la PDI comenzaron las pericias revisando las cámaras de seguridad existentes en el lugar.

De acuerdo a los primeros datos, los delincuentes habrían escapado con los computadores a bordo de un vehículo que los esperaba afuera del lugar.


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Durante el juicio que condenó al ex alcalde Miguel Ángel Aguilera por corrupción, un comisario de la PDI reveló la existencia de reuniones en un café de Santiago entre el jefe comunal, José Miguel Zapata -dueño de la consultora AIES- y el entonces intendente Claudio Orrego para coordinar licitaciones. Bajo la administración de Orrego, el GORE Metropolitano destinó $166 millones a San Ramón en 2014, recursos que terminaron adjudicados a la empresa de Zapata, quien simultáneamente ocupaba un cargo de jefatura en el gobierno regional.

Daniel Lillo